Las Salas Reunidas de la SCJ concluyeron un litigio iniciado en 2021 y establecieron que la institución no justificó suficientemente su intento de anular la contratación de los servicios de la firma
Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazaron el segundo recurso de casación presentado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana contra Inteligencia Legal, SRL, con lo que concluyó un litigio que se inició en 2021 y que llegó en dos ocasiones a la Corte de Casación.
El conflicto judicial tuvo su origen en la decisión de la Cámara de Cuentas de intentar dejar sin efecto un acto mediante el cual el propio organismo había aprobado la contratación de los servicios profesionales de Inteligencia Legal.
En su decisión, la Suprema Corte rechazó el recurso en todas sus partes y reafirmó que cuando una institución de la Administración Pública pretende afectar un acto que previamente ha reconocido derechos, debe actuar con especial rigor y respetar principios como la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso.
La alta corte consideró correcta la conclusión del tribunal de envío, que determinó que la Cámara de Cuentas no estableció de manera suficiente y concreta cuáles eran las razones por las que el acto cuestionado contrariaba el ordenamiento jurídico ni cuál era la lesión al interés público que justificaba su impugnación.
Según la sentencia, esa falta de motivación impidió que Inteligencia Legal pudiera ejercer plenamente su derecho de defensa, lo que terminó afectando las garantías relacionadas con el debido proceso y la seguridad jurídica.
La SCJ también descartó que el tribunal de envío hubiera incurrido en errores de derecho, omitido pruebas o desnaturalizado los hechos. En consecuencia, concluyó que se realizó una correcta aplicación de la ley y rechazó el recurso presentado por la Cámara de Cuentas.
¿Cómo se originó el conflicto?
El caso se remonta al 25 de marzo de 2021, cuando la Cámara de Cuentas aprobó contratar a Inteligencia Legal, SRL, por RD$4.5 millones más impuestos, para representarla en diferentes actuaciones relacionadas con el Ministerio Público.
Entre los servicios contemplados estaban la atención de peticiones, la respuesta a un recurso de oposición presentado por el Ministerio Público y una solicitud de nulidad de un allanamiento y de la orden que lo autorizó, además de otras acciones legales y constitucionales.
Posteriormente, la Cámara de Cuentas procuró anular el acto mediante una acción de lesividad. Sin embargo, la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) desestimó esa pretensión. La decisión fue recurrida y finalmente las Salas Reunidas de la Suprema Corte confirmaron el criterio del tribunal de envío.
El socio fundador de Inteligencia Legal, Julio Cury, valoró la decisión y sostuvo que el fallo establece la importancia de que las instituciones públicas expliquen de manera seria y verificable las razones por las que pretenden desconocer derechos previamente reconocidos.
Cury calificó la sentencia como una “victoria para el debido proceso” y destacó que sus implicaciones trascienden el caso particular, al reafirmar que la Administración también está sometida al derecho cuando procura revisar sus propias actuaciones.