La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional desestimó la solicitud presentada por una de las barras de la defensa contra las magistradas Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez
Los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazaron la recusación presentada por una de las barras de la defensa contra las magistradas Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, integrantes del Tercer Tribunal Colegiado, que tiene a su cargo el conocimiento del juicio de fondo contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros imputados.
La decisión permite que ambas magistradas continúen al frente del tribunal que conoce el proceso judicial, en el que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de Guerrero cuando ocupó la titularidad del Ministerio de Hacienda.
La recusación había sido presentada por una de las representaciones legales de los acusados, que buscaba apartar a las juezas del conocimiento del expediente. Sin embargo, la Segunda Sala de la Corte de Apelación examinó la solicitud y decidió rechazarla.
El proceso judicial involucra al exministro Donald Guerrero y a otros imputados por hechos que el Ministerio Público vincula con presuntas irregularidades cometidas durante la administración de la institución.
De acuerdo con la acusación del órgano persecutor, las operaciones investigadas habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado dominicano superior a los RD$19,000 millones, una cifra que forma parte de los señalamientos presentados por el Ministerio Público en el expediente.
El caso continúa bajo la jurisdicción del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las magistradas Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, entre otros aspectos relacionados con el desarrollo del juicio de fondo.
El rechazo de la recusación representa una decisión dentro del curso procesal del expediente y mantiene a las juezas en la conducción del juicio contra Guerrero y los demás acusados. La investigación y las imputaciones corresponden a los planteamientos del Ministerio Público y deberán ser examinados conforme avance el proceso judicial.
El expediente se mantiene entre los casos judiciales de alto impacto económico por el monto que, según la acusación, habría sido comprometido en perjuicio de los recursos públicos.