El proceso está relacionado con una presunta estafa al Estado superior a RD$15,000 millones, mientras el Ministerio Público dispone de cuatro meses adicionales para completar las investigaciones
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene previsto continuar este jueves la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y a los demás imputados en el proceso judicial relacionado con una presunta estafa al Estado que supera los RD$15,000 millones.
La audiencia forma parte del seguimiento judicial a las investigaciones sobre las supuestas irregularidades administrativas y el manejo de los recursos de SeNaSa, un caso que ha generado atención pública por la magnitud económica de los hechos bajo investigación y las responsabilidades que el Ministerio Público atribuye a los involucrados.
El proceso está bajo la responsabilidad del juez Deiby Timoteo Peguero, quien anteriormente otorgó al órgano acusador un plazo adicional de cuatro meses para completar las diligencias investigativas que permanecían pendientes y presentar la acusación formal.
Este período fue concedido para que el Ministerio Público continúe profundizando en las investigaciones, reúna los elementos que considere necesarios y estructure su expediente acusatorio conforme al procedimiento judicial correspondiente.
La revisión obligatoria de la medida de coerción constituye una etapa del proceso penal en la que el tribunal examina la situación de los imputados y determina si corresponde mantener, modificar o variar las condiciones de las medidas impuestas, de acuerdo con los presupuestos legales aplicables.
El caso tiene como punto de partida las denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas y el manejo de fondos del Seguro Nacional de Salud, institución responsable de garantizar servicios de cobertura médica a sus afiliados.
Mientras se desarrolla el proceso, Santiago Hazim y los demás señalados mantienen su condición de imputados, por lo que las responsabilidades penales deberán establecerse mediante las decisiones de los tribunales competentes.
La continuación de la audiencia de este jueves permitirá dar seguimiento a la situación judicial de los involucrados, mientras el Ministerio Público avanza en la preparación de la acusación formal y en las diligencias pendientes relacionadas con el expediente.