domingo, noviembre 8

Justicia de Paraguay ordena prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña por el caso Ueno Bank

La medida fue dispuesta tras la imputación presentada por la Fiscalía, que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad financiera

La Justicia de Paraguay ordenó prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank, luego de que el Ministerio Público presentara una imputación formal en su contra por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

 

La Fiscalía sostiene que Peña habría intervenido en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de recursos provenientes de instituciones públicas y fondos previsionales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial presuntamente mantenía vínculos económicos y societarios.

Según los datos incorporados a la investigación, para septiembre de 2026 los depósitos de organismos estatales en el banco superaban los 230 millones de dólares. Los fiscales también investigan operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo económico de la entidad financiera.

 

La defensa de Peña sostiene que el exmandatario no intervino en las operaciones del banco y argumenta que no existe peligro de fuga ni riesgo de obstrucción de la investigación. El proceso, sin embargo, avanzó con la solicitud fiscal de prisión preventiva y la posterior decisión judicial de imponer esa medida.

El caso también alcanza a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central de Paraguay, quien fue imputado por presuntos delitos relacionados con la supervisión de la entidad financiera y otras actuaciones. La Fiscalía solicitó igualmente su prisión preventiva.

 

La decisión judicial establece que Peña permanecerá recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción, mientras continúa el proceso. El juez también dispuso medidas sobre sus bienes y activos financieros.

 

Las imputaciones corresponden a una investigación en curso y no constituyen una sentencia definitiva sobre la responsabilidad penal de los involucrados.

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