El CONEP considera que la renovación de la alta corte representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia
Diversos sectores de la vida nacional expresaron este lunes su respaldo a la escogencia del magistrado Justiniano Montero Montero como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), así como a la selección de los seis jueces que completan la integración del máximo tribunal del Poder Judicial.
La designación fue realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), organismo responsable de escoger a los integrantes de la alta corte. Con esta decisión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia quedó conformado por siete magistrados, bajo la presidencia de Montero Montero.
Además del nuevo presidente, integran el tribunal Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfonso Villalona Guerrero, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Julio César Emilio Canó Alfau y Ylona María de la Rocha Camilo.
Las reacciones de respaldo se producen en medio de las expectativas sobre el papel que desempeñará la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia en el fortalecimiento institucional y el funcionamiento del sistema judicial dominicano.
Entre las entidades que fijaron posición figura el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que valoró el proceso de selección como una oportunidad importante para continuar fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en la justicia.
La organización empresarial señaló que ese objetivo requiere una judicatura comprometida con la independencia, la integridad y la excelencia técnica, así como con el respeto al ordenamiento constitucional.
El planteamiento del CONEP sitúa la independencia judicial y la calidad del ejercicio de la función jurisdiccional entre los aspectos fundamentales para consolidar la credibilidad de las instituciones responsables de administrar justicia.
La integración de la alta corte marca, por tanto, una nueva etapa para el principal tribunal del Poder Judicial, cuya labor resulta central en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas y en la garantía del respeto al marco constitucional dominicano.