El proceso judicial investiga presuntas irregularidades en el contrato millonario para modernizar la red de semáforos del Gran Santo Domingo
Este martes 10 de noviembre está previsto que se reanude la audiencia del denominado Caso Camaleón, proceso judicial que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, y a otros imputados por presuntas irregularidades relacionadas con el contrato para la modernización de la red de semáforos del Gran Santo Domingo.
La audiencia había sido aplazada luego de que uno de los encartados presentara una certificación médica que justificaba su ausencia. Esta situación llevó al tribunal a reprogramar el conocimiento del proceso para este martes, con el propósito de garantizar el derecho de defensa y la participación de las partes involucradas.
El expediente presentado por el Ministerio Público recoge una serie de acusaciones relacionadas con supuestas irregularidades en el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato destinado a modernizar el sistema de semaforización de la capital dominicana.
Entre los cargos que figuran en la investigación se encuentran presunta corrupción administrativa, falsificación de documentos, lavado de activos y sabotaje a infraestructura crítica del Estado.
El caso ha generado atención pública debido a la importancia del proyecto bajo investigación, que contemplaba la modernización de los dispositivos de control del tránsito en el Gran Santo Domingo, una infraestructura fundamental para la movilidad y la seguridad vial.
Las autoridades investigan las circunstancias en que se desarrolló el proceso de contratación, así como las actuaciones atribuidas a los imputados en torno a la ejecución del proyecto y el manejo de los recursos involucrados.
Con la reanudación de la audiencia, el tribunal continuará con el conocimiento del proceso y las actuaciones judiciales correspondientes, en el marco de las acusaciones formuladas por el órgano persecutor.
Los señalamientos forman parte de un expediente judicial que deberá ser conocido conforme a las garantías del debido proceso, por lo que la responsabilidad penal de los imputados deberá establecerse mediante una decisión de los tribunales competentes.