Los propietarios de bancas de lotería y apuestas que logren quedar registrados bajo el nuevo régimen de juegos de azar podrían convertirse, durante los próximos diez años, en los únicos operadores autorizados para participar en ese mercado, debido a que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados establece una prohibición para conceder nuevas licencias durante ese período.
La disposición está contenida en el artículo 191 del proyecto de Ley de Juegos de Azar, que plantea que durante una década no se otorgarán nuevas licencias para instalar establecimientos dedicados a este tipo de actividades en República Dominicana.
El proyecto contempla una excepción para los casinos ubicados en hoteles y lugares turísticos, que quedarían fuera de la restricción establecida para las bancas de lotería y apuestas.
De convertirse en ley, la medida supondría un cambio significativo para el sector de juegos de azar, debido a que limitaría durante diez años la entrada de nuevos operadores al mercado.
El planteamiento establece que los propietarios que consigan completar su registro dentro del nuevo régimen tendrían una posición privilegiada para continuar desarrollando sus actividades, al no permitirse la expedición de nuevas licencias para establecimientos similares durante el período señalado.
La iniciativa forma parte de un proceso de reorganización del sector de juegos de azar en República Dominicana, mediante el cual se busca establecer nuevas reglas para regular las actividades relacionadas con las apuestas y los establecimientos dedicados a este negocio.
El artículo 191 concentra una de las disposiciones de mayor impacto para quienes operan o aspiran a instalar bancas de lotería y apuestas.
La prohibición de nuevas licencias por una década establecería un mercado limitado a los operadores que logren cumplir con las condiciones de registro previstas en el nuevo régimen.
La medida también podría modificar las condiciones de competencia dentro de la industria, al impedir que nuevos establecimientos ingresen legalmente al mercado durante el período establecido.
El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, todavía forma parte de un proceso legislativo que deberá completarse antes de que sus disposiciones entren en vigor.