La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) se negó a informar al periódico Diario Libre si el exembajador Donni Mayobanex Santana Cuevas está cumpliendo las condiciones de su permiso laboral, que le permite salir de prisión para trabajar durante la semana y lo obliga a regresar al centro penitenciario los fines de semana.
Santana Cuevas fue condenado a 20 años de prisión por violación sexual de su hijastra menor de edad. Según una publicación de Diario Libre del 20 de octubre, el medio solicitó a las autoridades penitenciarias confirmar si el exfuncionario estaba ingresando al Centro de Privación de Libertad del kilómetro 15 de Azua, conforme a la modificación de su permiso dispuesta por un tribunal.
La solicitud fue presentada el pasado 8 de octubre. En respuesta, el departamento jurídico de la institución alegó que el medio no había acreditado una causa legítima para acceder a esos datos y consideró que la información solicitada estaba relacionada con la privacidad de una persona privada de libertad.
La negativa impidió confirmar si Santana está cumpliendo la disposición judicial. El caso ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en la supervisión de las condiciones impuestas a personas condenadas que reciben permisos para trabajar fuera de los recintos penitenciarios.
Un permiso laboral bajo cuestionamiento
El 1 de septiembre de 2026, la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal mantuvo el permiso laboral de Santana, pero modificó sus condiciones para establecer que debe ingresar a prisión los viernes a las 7:00 de la mañana y permanecer recluido hasta los lunes. La medida fijó un período de cumplimiento que se extiende hasta agosto de 2027.
El beneficio había sido concedido en 2025, después de que el exfuncionario cumpliera aproximadamente siete años de prisión. La decisión fue cuestionada por el Ministerio Público, que considera que el permiso debe ser revocado para que Santana cumpla la condena íntegramente en prisión.
Recursos pendientes
Tanto la defensa del exembajador como el Ministerio Público recurrieron en casación la decisión judicial, aunque con objetivos diferentes. Los abogados de Santana buscan eliminar la obligación de permanecer recluido durante los fines de semana y días feriados, mientras que el órgano acusador procura anular el beneficio laboral.
Por el momento, la información publicada por Diario Libre no permite establecer si Santana está cumpliendo el horario de reclusión dispuesto por el tribunal. La respuesta de Prisiones deja sin aclarar ese punto, que constituye el centro de las interrogantes planteadas sobre la supervisión de su condena.