Las autoridades identificaron 43 antenas y ocho estaciones ilegales cerca de varios centros penitenciarios e iniciaron la incautación de los equipos
El Gobierno de Perú inició un operativo para desmantelar infraestructuras de telecomunicaciones presuntamente utilizadas para facilitar extorsiones desde centros penitenciarios. La intervención busca limitar las comunicaciones ilegales que podrían permitir a personas privadas de libertad coordinar actividades delictivas desde las cárceles.
De acuerdo con la información difundida, las autoridades identificaron 43 antenas y ocho estaciones ilegales en las inmediaciones de varios establecimientos penitenciarios. Tras detectar estas instalaciones, comenzaron las labores de desmantelamiento e incautación de los equipos.
La operación se enmarca en los esfuerzos de las autoridades peruanas por combatir las redes de extorsión, un delito que afecta a ciudadanos, comerciantes y empresas. Las comunicaciones no autorizadas desde las cárceles representan un desafío para los organismos de seguridad cuando son utilizadas para coordinar amenazas, exigir pagos ilegales o dirigir actividades criminales fuera de los recintos.
El retiro de estas infraestructuras busca dificultar el uso de señales y equipos no autorizados en las zonas próximas a los centros penitenciarios. Sin embargo, la efectividad de la medida dependerá también de los controles posteriores y de la capacidad de las autoridades para impedir que se instalen nuevos sistemas clandestinos.
La información disponible no detalla las ubicaciones exactas de todas las instalaciones ni confirma cuántas de ellas estarían directamente vinculadas con casos específicos de extorsión. Se espera que las autoridades ofrezcan más detalles sobre los resultados del operativo y las medidas que adoptarán para reforzar la seguridad penitenciaria.