29 fiscales estatales acusan a la compañía de diseñar funciones de Instagram y Facebook para mantener a niños y adolescentes conectados y de recopilar datos de menores sin autorización
Meta, la empresa matriz de Instagram y Facebook, enfrenta desde este martes uno de los procesos judiciales más importantes relacionados con el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes.
Un grupo de 29 fiscales estatales acusa a la compañía de haber diseñado e implementado funciones que fomentan conductas adictivas entre los usuarios más jóvenes. El proceso se desarrolla en un tribunal federal de Oakland, California.
Entre las acusaciones se encuentra una presunta violación de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA), debido a la supuesta recopilación y utilización de información de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres. California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey también sostienen que Meta violó leyes estatales de protección al consumidor.
Los fiscales buscan que la compañía realice cambios en el funcionamiento de sus plataformas, incluyendo medidas relacionadas con la protección de los menores. También reclaman una indemnización económica que, de acuerdo con las estimaciones presentadas, podría alcanzar hasta US$1.4 billones.
El juicio forma parte de un litigio más amplio que reúne más de 3,000 demandantes contra Meta y otras grandes compañías tecnológicas por los posibles efectos de las redes sociales sobre la salud y el bienestar de los jóvenes.
Los fiscales argumentan que determinadas características de las plataformas fueron desarrolladas para maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios y podrían contribuir a comportamientos compulsivos. Entre los elementos cuestionados se encuentran funciones como el desplazamiento infinito y las notificaciones constantes.
Meta, sin embargo, rechaza las acusaciones y las considera infundadas. La empresa sostiene que los demandantes no han presentado pruebas suficientes de que sus funciones hayan causado los daños que se les atribuyen y cuestiona la magnitud de la compensación solicitada.
El proceso podría convertirse en un precedente importante para la industria tecnológica y determinar hasta qué punto las plataformas pueden ser responsabilizadas por el impacto de sus diseños y algoritmos sobre los usuarios menores de edad.