El expresidente de la República, Leonel Fernández, consideró que la reforma de la Policía Nacional debe estar orientada principalmente a la prevención del crimen y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, en lugar de centrarse en la aplicación del denominado «Código 29».
Sus declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos relacionados con las muertes de presuntos delincuentes durante supuestos enfrentamientos con agentes policiales, un tema que ha generado debates sobre los procedimientos utilizados por los organismos de seguridad y los límites de sus actuaciones.
Fernández manifestó que la seguridad ciudadana constituye una de las principales aspiraciones de la población dominicana, que demanda condiciones para desplazarse por las calles sin temor a ser víctima de asaltos o de otros hechos delictivos.
El exmandatario explicó que los ciudadanos esperan poder salir de sus hogares y realizar sus actividades cotidianas con tranquilidad, sin la preocupación de ser atacados por delincuentes o sufrir situaciones de inseguridad en sus propias viviendas.
«Bueno, yo pienso que la población quiere que haya seguridad ciudadana. Esa es, digamos, una aspiración que el pueblo tiene de poder salir a las calles y no ser asaltado, que no ser esperado en su casa por delincuentes», expresó Fernández al referirse a las demandas de protección de la ciudadanía.
Sin embargo, el dirigente político enfatizó que la responsabilidad de garantizar la seguridad no debe desligarse del cumplimiento de las normas legales. En ese sentido, sostuvo que las acciones de las autoridades deben ejecutarse respetando los principios que rigen el Estado de Derecho.
«Pero todo tiene que ser realizado dentro del marco del Estado de Derecho», agregó.
Con estas declaraciones, Fernández planteó la necesidad de que el proceso de reforma policial tome en cuenta tanto las demandas de seguridad de la población como el respeto a la legalidad en los procedimientos de los agentes. Su posición coloca la prevención del delito y el cumplimiento del marco jurídico entre los aspectos que, a su juicio, deben orientar la transformación de la institución policial.