Los espacios son utilizados para almacenamiento de archivos, activos estatales y distribución de ayudas sociales, según registros oficiales
Hasta marzo de 2026, el Gobierno dominicano ha destinado más de RD$897 millones y US$2,185,617 en alquileres de almacenes utilizados por distintas instituciones públicas, de acuerdo con un levantamiento realizado a partir de documentos oficiales de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría General de la República.
Los espacios alquilados cumplen diversas funciones dentro de la administración pública, incluyendo el resguardo de archivos institucionales, almacenamiento de activos fijos, así como la custodia de insumos como cajas navideñas y mercancías destinadas a programas de asistencia social.
El análisis de 93 procesos de contratación revela la existencia de múltiples acuerdos relacionados con estos servicios, de los cuales 18 se encontraban repetidos en ambas instituciones consultadas. Algunos contratos figuraban como extemporáneos o sin información completa, por lo que fueron excluidos del recuento final.
El estudio también señala que el uso de procesos de excepción ha sido una práctica recurrente en este tipo de contrataciones, más que una medida extraordinaria dentro del sistema de compras públicas.
La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas establece que las excepciones a los procedimientos ordinarios pueden aplicarse en casos específicos que lo justifiquen, ya sea por la naturaleza del proceso o por circunstancias particulares que requieran mayor flexibilidad en la selección.
Este panorama abre nuevamente el debate sobre la eficiencia del gasto público y la transparencia en los procesos de contratación del Estado, en un contexto donde el uso de recursos continúa bajo el escrutinio de distintos sectores.