Santo Domingo.– La Fuerza del Pueblo (FP) exigió a las autoridades profundizar las investigaciones relacionadas con el presunto fraude aduanero vinculado al tránsito de mercancías por la frontera dominico-haitiana y aplicar con todo el rigor de la ley las sanciones que correspondan contra las personas y empresas que eventualmente resulten responsables.
La posición fue planteada por Orlando Espinosa, exdiputado y secretario de Asuntos de Aduanas y Puertos de la Fuerza del Pueblo, quien advirtió que las investigaciones no deben concentrarse únicamente en las personas que participan directamente en el traslado de las mercancías, sino que deben avanzar hasta identificar a quienes organizan, facilitan y obtienen beneficios de las operaciones que pudieran desarrollarse al margen de la legislación aduanera.
Espinosa sostuvo que el nuevo Código Penal, combinado con las disposiciones establecidas en la Ley General de Aduanas 168-21, proporciona herramientas para que las autoridades puedan perseguir de manera más efectiva los delitos económicos relacionados con el desvío de mercancías declaradas bajo el régimen de tránsito internacional.
El dirigente político hizo énfasis en la necesidad de que cualquier investigación oficial avance más allá de los participantes que ocupan las posiciones inferiores dentro de una eventual estructura ilícita.
“Si la autoridad competente ha iniciado algún tipo de investigación, no deben detenerse en el eslabón más débil”, advirtió Espinosa, al considerar que una investigación de esta naturaleza debe procurar determinar quiénes se encuentran detrás de las operaciones y quiénes podrían estar obteniendo beneficios económicos.
El planteamiento de la Fuerza del Pueblo surge a partir de denuncias relacionadas con mercancías que son declaradas para continuar hacia otros destinos bajo el régimen de tránsito internacional, pero que, según lo denunciado, podrían estar siendo desviadas e introducidas al mercado dominicano sin cumplir con las obligaciones tributarias y aduaneras correspondientes.
De comprobarse estas prácticas, explicó Espinosa, se trataría de una situación que tendría consecuencias tanto para las finanzas públicas como para los sectores productivos y comerciales que cumplen con las disposiciones legales establecidas para desarrollar sus actividades.
El secretario de Asuntos de Aduanas y Puertos de la FP señaló que el nuevo marco jurídico contempla diferentes figuras delictivas que podrían ser aplicadas dependiendo de los resultados de las investigaciones y de las pruebas que sean obtenidas por las autoridades.
Entre las posibles infracciones mencionó el contrabando, la falsificación de manifiestos de carga, la ruptura de precintos y el soborno de funcionarios, aunque aclaró que corresponderá a las autoridades determinar cuáles delitos podrían configurarse en cada caso.
La importancia de identificar correctamente las infracciones radica en que cada una puede generar consecuencias penales y económicas distintas, dependiendo de la naturaleza de los hechos, la participación de las personas involucradas y los beneficios obtenidos mediante las operaciones investigadas.
Espinosa explicó que las sanciones podrían incluir penas de prisión, multas y decomiso de mercancías y bienes utilizados para cometer las infracciones.
Dentro de los bienes que podrían ser objeto de decomiso, dependiendo de lo que establezcan las investigaciones y las decisiones judiciales, mencionó vehículos de transporte, camiones, cabezales, remolques e inmuebles utilizados para almacenar mercancías que hayan sido desviadas irregularmente.
El dirigente de la Fuerza del Pueblo también llamó la atención sobre la posibilidad de que los recursos obtenidos mediante la comercialización de mercancías introducidas ilegalmente al mercado nacional puedan generar investigaciones adicionales relacionadas con el lavado de activos, siempre que las autoridades encuentren elementos que sustenten ese tipo de acusación.
Uno de los aspectos centrales de la posición presentada por la organización política es la necesidad de investigar no solamente a las personas físicas que participan directamente en el movimiento de las mercancías, sino también a las estructuras empresariales que pudieran tener algún nivel de participación.
Espinosa destacó que el nuevo ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de establecer responsabilidad penal de las personas jurídicas en determinadas circunstancias.
A partir de esto, sostuvo que las autoridades deben prestar especial atención a la posible participación de corporaciones, agencias aduanales, empresas de transporte, operadores logísticos y otros actores empresariales que pudieran haber facilitado o beneficiado las operaciones investigadas.
La FP entiende que una investigación efectiva debe determinar la cadena completa de responsabilidades, desde quienes podrían organizar las operaciones hasta quienes ejecutan físicamente el traslado de las mercancías.
El objetivo, según Espinosa, debe ser evitar que las investigaciones terminen únicamente con la identificación de personas que ocupan posiciones operativas mientras quienes eventualmente hayan diseñado o financiado las operaciones permanezcan fuera del alcance de la justicia.
La organización política también considera necesario fortalecer los controles que se aplican a las mercancías declaradas en tránsito internacional.
Este régimen permite que determinadas mercancías atraviesen el territorio dominicano con destino a otros países o puntos establecidos, sin que sean introducidas al mercado nacional como productos destinados al consumo interno.
Por esa razón, el seguimiento de la carga durante todo el trayecto resulta fundamental para garantizar que las mercancías lleguen al destino declarado y que el régimen no sea utilizado para evadir impuestos o introducir productos de manera irregular.
Espinosa reclamó que las autoridades fortalezcan los sistemas de trazabilidad y monitoreo en tiempo real, de manera que puedan conocerse los movimientos de las mercancías durante su recorrido por el territorio dominicano.
La aplicación de herramientas tecnológicas de seguimiento podría permitir detectar cambios de ruta, desvíos, interrupciones no autorizadas y otras situaciones que puedan generar sospechas sobre el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales fueron declaradas las mercancías.
Para la Fuerza del Pueblo, estos mecanismos deben formar parte de una estrategia integral de prevención y persecución del fraude aduanero.
La organización considera que la protección de las recaudaciones del Estado requiere controles efectivos en los puntos de entrada y salida de mercancías, pero también mecanismos de vigilancia durante todo el proceso de tránsito.
El dirigente político recordó que las denuncias relacionadas con estas operaciones apuntan a la posibilidad de que mercancías que deberían continuar hacia otros destinos estén siendo introducidas al mercado dominicano sin el pago de los arbitrios e impuestos correspondientes.
Si esta situación llegara a comprobarse, podría representar una competencia desleal frente a comerciantes, importadores, productores y empresarios que cumplen con sus obligaciones tributarias y aduaneras.
Los sectores que operan dentro de la legalidad deben asumir costos relacionados con impuestos, aranceles, transporte, almacenamiento y otros procesos necesarios para colocar sus productos en el mercado.
Por ello, la introducción irregular de mercancías podría generar distorsiones en el mercado y afectar a empresas que cumplen con las normas.
Además del impacto económico sobre los sectores privados, la Fuerza del Pueblo considera que el Estado podría dejar de percibir recursos importantes si productos destinados al tránsito internacional terminan siendo comercializados dentro del territorio nacional sin cumplir con las obligaciones fiscales.
La organización reclamó, por tanto, que las autoridades determinen cuál es la magnitud real de las operaciones denunciadas y establezcan si existe una estructura organizada detrás de ellas.
Para alcanzar ese objetivo, Espinosa considera necesario que las investigaciones sean amplias y que incluyan todos los niveles de la cadena.
Esto implica analizar la documentación utilizada para declarar las mercancías, los manifiestos de carga, las rutas de transporte, los controles de los vehículos, los puntos de almacenamiento y las operaciones comerciales posteriores.
También sería necesario determinar quiénes participaron en cada etapa y si existieron funcionarios o empleados que facilitaron el incumplimiento de los controles establecidos.
La mención del posible soborno de funcionarios forma parte precisamente de los escenarios que, según Espinosa, deben ser investigados cuando existan elementos que indiquen una eventual colaboración interna.
La corrupción dentro de los procesos aduaneros puede debilitar los controles y permitir que determinadas operaciones evadan los mecanismos de supervisión establecidos por las autoridades.
Por esa razón, la FP considera que cualquier investigación debe incluir todas las posibles líneas de responsabilidad y no limitarse exclusivamente a los actores externos.
La organización también entiende que las autoridades deben actuar con base en pruebas y respetando el debido proceso, de manera que las responsabilidades sean establecidas por los órganos correspondientes y no únicamente mediante señalamientos públicos.
La exigencia de aplicar el nuevo Código Penal no significa que todas las personas mencionadas o investigadas deban ser consideradas responsables automáticamente. Las eventuales sanciones deberán producirse únicamente cuando las autoridades determinen, conforme al procedimiento legal, que existen elementos suficientes para establecer una infracción.
El planteamiento de Orlando Espinosa se produce en un momento en que el control del comercio transfronterizo mantiene una importancia estratégica para República Dominicana debido al constante movimiento de mercancías entre ambos lados de la frontera.
El tránsito internacional requiere mecanismos de supervisión que permitan garantizar que los productos cumplan con las condiciones declaradas y lleguen al destino correspondiente.
Cuando estos controles son vulnerados, las consecuencias pueden afectar tanto al Estado como al sector privado.
Por ello, la Fuerza del Pueblo considera necesario fortalecer las herramientas disponibles para prevenir el fraude y perseguir a quienes utilicen los mecanismos comerciales establecidos para desarrollar actividades ilícitas.
Espinosa también planteó que las empresas que eventualmente participen en estas prácticas deben enfrentar las consecuencias previstas por la legislación.
La responsabilidad de una persona jurídica puede tener implicaciones diferentes a las de una persona física, especialmente cuando una empresa es utilizada como instrumento para facilitar determinadas operaciones.
Según el planteamiento de la FP, las autoridades deben determinar si existen compañías que hayan participado conscientemente en operaciones irregulares o que hayan obtenido beneficios mediante ellas.
De comprobarse responsabilidades, las consecuencias podrían incluir sanciones económicas y administrativas, así como medidas relacionadas con las actividades comerciales de las empresas involucradas.
Espinosa mencionó la posibilidad de que determinadas empresas puedan enfrentar medidas como la clausura de centros de acopio, almacenes o terminales logísticas, así como restricciones o inhabilitaciones para realizar determinadas actividades de comercio exterior o participar en procesos de contratación pública, siempre conforme a las disposiciones legales aplicables y a las decisiones de las autoridades competentes.
La Fuerza del Pueblo entiende que la aplicación de sanciones debe alcanzar a todos los niveles cuando existan pruebas suficientes.
El objetivo, según la organización, debe ser evitar que las estructuras dedicadas a este tipo de operaciones puedan continuar funcionando mediante el reemplazo de los participantes de menor nivel.
La investigación de las posibles redes económicas detrás de las operaciones resulta, por tanto, uno de los puntos principales de la posición presentada por Espinosa.
El dirigente político insistió en que las autoridades deben determinar quiénes organizan, quiénes financian, quiénes facilitan y quiénes se benefician de las actividades investigadas.
Esto permitiría establecer una visión más completa del fenómeno y evitar que los procesos judiciales se concentren únicamente en quienes ejecutan las tareas operativas.
La FP también pidió que los mecanismos de supervisión sean reforzados de manera permanente y no solamente después de que se produzcan denuncias.
Para la organización, la prevención constituye una herramienta fundamental para reducir las posibilidades de fraude y garantizar que el régimen de tránsito internacional sea utilizado exclusivamente para los fines establecidos.
La tecnología podría desempeñar un papel importante en este proceso mediante sistemas que permitan conocer en tiempo real la ubicación y trayectoria de las mercancías.
El uso de información digital también puede facilitar la comparación entre los documentos declarados y los movimientos registrados durante el transporte.
Cualquier diferencia significativa entre la documentación y el recorrido real podría servir como señal para activar mecanismos de inspección y verificación.
La implementación de controles de este tipo contribuiría, según la posición de la FP, a reducir los espacios que podrían ser aprovechados por redes dedicadas al contrabando.
El debate sobre el fraude aduanero también tiene una dimensión económica debido a la importancia de las recaudaciones para el funcionamiento del Estado.
Los impuestos y aranceles derivados de las actividades comerciales representan una fuente importante de ingresos públicos.
Cuando mercancías ingresan o son comercializadas sin cumplir las obligaciones correspondientes, el Estado puede dejar de percibir recursos que están destinados al financiamiento de servicios y programas públicos.
Al mismo tiempo, los empresarios que cumplen con las normas enfrentan una competencia en condiciones desiguales frente a quienes reducen sus costos mediante mecanismos ilegales.
Por esta razón, Espinosa considera que el combate al fraude aduanero debe ser abordado no solo como un asunto de control fronterizo, sino también como una política de protección de la actividad económica formal.
La Fuerza del Pueblo pidió que las autoridades determinen la veracidad de las denuncias, establezcan la magnitud de las operaciones y actúen contra quienes resulten responsables.
La organización también reclamó que el proceso sea desarrollado con transparencia y que la sociedad pueda conocer los resultados de las investigaciones.
La aplicación del nuevo Código Penal representa, según Espinosa, una oportunidad para fortalecer la respuesta del Estado frente a los delitos económicos.
Sin embargo, para que las nuevas disposiciones sean efectivas, será necesario que las instituciones responsables cuenten con mecanismos adecuados de investigación, coordinación y persecución.
La cooperación entre las autoridades aduaneras, el Ministerio Público y otras instituciones vinculadas al control del comercio puede resultar determinante para identificar estructuras complejas.
Las operaciones de comercio exterior involucran diferentes actores y documentos, por lo que una investigación integral requiere revisar múltiples fuentes de información.
La coordinación institucional también puede contribuir a detectar patrones que individualmente podrían pasar desapercibidos, pero que en conjunto pueden revelar una operación organizada.
La posición de la Fuerza del Pueblo apunta precisamente a la necesidad de observar el fenómeno desde una perspectiva integral.
El partido considera que no basta con decomisar una mercancía o detener a una persona si no se logra identificar el origen de la operación y los posibles beneficiarios.
El llamado de Orlando Espinosa es, en ese sentido, a que las autoridades profundicen las investigaciones y utilicen todas las herramientas legales disponibles.
Mientras se desarrollen las pesquisas, corresponderá a las instituciones competentes establecer si las denuncias tienen fundamento y determinar las responsabilidades individuales y empresariales que pudieran existir.
Por ahora, la Fuerza del Pueblo mantiene su reclamo para que el nuevo marco penal sea aplicado de manera efectiva y que ninguna persona o empresa que eventualmente haya participado en estas operaciones quede fuera de las investigaciones.
El partido también insiste en la necesidad de mejorar los controles sobre las mercancías en tránsito para evitar que el sistema pueda ser utilizado como mecanismo de evasión tributaria o contrabando.
La combinación de investigación penal, controles aduaneros, tecnología de trazabilidad y supervisión empresarial aparece así como una de las principales propuestas planteadas por la organización.
El caso mantiene abierta la discusión sobre la seguridad de las operaciones de comercio exterior y sobre la capacidad del Estado para controlar el movimiento de mercancías en la frontera.
La exigencia de la Fuerza del Pueblo es que cualquier investigación llegue hasta las últimas consecuencias y que, si se comprueban delitos, sean aplicadas las sanciones correspondientes de acuerdo con la legislación dominicana.
Para Orlando Espinosa, el punto central es evitar que quienes ocupan posiciones de menor rango dentro de una eventual estructura carguen solos con las consecuencias mientras otros actores permanecen fuera del alcance de la justicia.
La organización política sostiene que solo una investigación amplia permitirá establecer quiénes están detrás de las operaciones, quiénes las facilitan y quiénes obtienen beneficios.
El resultado de las investigaciones determinará finalmente si las denuncias sobre desvío de mercancías y fraude aduanero pueden ser sustentadas ante los tribunales.
Mientras tanto, la Fuerza del Pueblo mantiene su llamado a fortalecer la vigilancia y la trazabilidad de las mercancías que transitan por el territorio dominicano y a utilizar las herramientas del nuevo Código Penal y la Ley General de Aduanas para enfrentar cualquier operación ilícita que sea comprobada.