La nueva normativa amplía los factores que podrán considerar los oficiales migratorios al determinar si un extranjero está sujeto a la causal de “carga pública”
Estados Unidos aplicará a partir del 18 de septiembre de 2026 nuevas reglas para evaluar a las personas que soliciten la residencia permanente, conocida popularmente como Green Card.
La modificación establece una revisión más amplia de la situación económica y personal de determinados solicitantes, así como de los beneficios públicos que hayan recibido, dentro del análisis relacionado con la causal de “carga pública”.
La nueva política fue establecida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), mediante una regla final publicada el 20 de julio de 2026 en el Registro Federal.
La normativa sustituye las disposiciones relacionadas con la carga pública que habían sido adoptadas en 2022 y otorga nuevamente un mayor margen de discreción a los oficiales migratorios encargados de evaluar los expedientes.
A partir de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, las solicitudes de ajuste de estatus que estén sujetas a la causal de carga pública podrán ser analizadas tomando en cuenta un conjunto más amplio de circunstancias personales y económicas.
Entre los elementos que podrán ser considerados se encuentran los ingresos del solicitante, su edad, estado de salud, situación familiar, activos, recursos financieros, educación y habilidades.
Esto significa que la evaluación no se limitará exclusivamente a determinar cuánto dinero gana una persona, sino que podrá contemplar el conjunto de sus circunstancias para establecer cuál es su situación económica y cuáles son sus posibilidades de mantenerse sin convertirse en una carga pública.
La situación familiar también puede adquirir importancia dentro del análisis, debido a que las autoridades podrán considerar las personas que forman parte del núcleo familiar del solicitante y las circunstancias económicas relacionadas con este.
Los activos y recursos financieros constituyen igualmente uno de los aspectos incluidos en la nueva evaluación.
De esta manera, una persona podrá ser analizada no solamente por sus ingresos laborales, sino también por los recursos económicos disponibles y otros elementos que permitan determinar su capacidad financiera.
La educación y las habilidades del solicitante también forman parte de los factores que podrán ser evaluados.
Estos elementos pueden proporcionar información sobre las posibilidades de una persona de incorporarse al mercado laboral y generar ingresos suficientes para cubrir sus necesidades.
La edad y la situación de salud son otros de los factores contemplados en la evaluación, lo que amplía el análisis sobre las circunstancias individuales de cada persona.
La normativa mantiene el carácter individualizado de la evaluación, por lo que la existencia de uno de estos factores no significa automáticamente que una solicitud vaya a ser rechazada.
Los oficiales migratorios tendrán que considerar las circunstancias relevantes del expediente dentro del marco establecido por la nueva regulación.
Uno de los puntos que genera mayor atención es el tratamiento de los beneficios públicos recibidos por los solicitantes.
La nueva política establece un marco diferente al utilizado durante el período de vigencia de las disposiciones adoptadas en 2022, ampliando nuevamente la capacidad de los funcionarios para analizar determinados elementos relacionados con la posibilidad de que una persona dependa de recursos públicos.
La causal de carga pública forma parte de las disposiciones de inmigración de Estados Unidos y puede ser utilizada en determinadas solicitudes para evaluar si una persona podría convertirse principalmente dependiente del Gobierno para su subsistencia.
No todas las personas que solicitan una Green Card están necesariamente sujetas a esta causal. Existen categorías y circunstancias migratorias específicas en las que las reglas pueden aplicarse de manera diferente.
Por esa razón, la entrada en vigor de la nueva normativa no significa que todos los solicitantes de residencia permanente serán sometidos exactamente al mismo análisis ni que recibir un determinado beneficio público implique automáticamente la pérdida de posibilidades de obtener una Green Card.
El cambio sí representa una modificación importante en la forma en que los funcionarios podrán valorar determinados expedientes.
La nueva regulación también devuelve un mayor nivel de discreción a los oficiales migratorios, quienes podrán considerar diferentes elementos de la situación personal, familiar y financiera del solicitante antes de tomar una determinación.
Para las personas que tengan previsto solicitar un ajuste de estatus después del 18 de septiembre de 2026, la modificación hace especialmente importante contar con información precisa sobre los requisitos que correspondan a su categoría migratoria.
Los documentos relacionados con ingresos, recursos económicos, situación familiar, educación y otros aspectos relevantes podrían adquirir mayor importancia dentro del proceso de evaluación.
La aplicación de estas reglas también podría generar preocupación entre inmigrantes que utilizan determinados programas o beneficios públicos, aunque el efecto concreto dependerá de las circunstancias de cada caso y de si la solicitud está sujeta a la causal de carga pública.
Por ello, las autoridades migratorias y los especialistas recomiendan analizar cada situación individual antes de presentar una solicitud o tomar decisiones relacionadas con el estatus migratorio.
La nueva política entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026 y marcará un cambio en los criterios utilizados para determinados procesos de residencia permanente.
El principal elemento de la modificación es la ampliación de la información que podrá ser tomada en cuenta por los funcionarios, quienes tendrán mayor capacidad para evaluar de manera integral las condiciones económicas y personales de los solicitantes.
Así, la obtención de la Green Card bajo las categorías sujetas a la causal de carga pública podrá depender de una evaluación más amplia que considere no solo los ingresos actuales, sino también otros factores relacionados con la capacidad económica y las circunstancias personales del extranjero.