El comunicador afirmó que se habrían comercializado más de 900,000 proyectiles y citó un informe de la ONU para cuestionar su supuesto origen
El comunicador conocido como El Piro difundió un video dirigido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el que acusó a presuntos miembros de alto rango de la Policía Nacional y del Ejército de República Dominicana de vender municiones a bandas armadas haitianas. Según afirmó, la cantidad superaría las 900,000 unidades.
Durante la grabación, sostuvo que las municiones supuestamente comercializadas incluirían distintos calibres, entre ellos 9 milímetros, proyectiles para fusiles AK-47 y armas de las plataformas M4 y M16, así como munición calibre .50. El comunicador vinculó sus señalamientos con las armas utilizadas por grupos criminales en Haití.
El Piro también cuestionó una explicación que atribuyó al canciller dominicano sobre la antigüedad de las municiones. Para respaldar su planteamiento, hizo referencia a un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación haitiana.
De acuerdo con su interpretación, algunas imágenes incluidas en ese documento mostrarían las siglas «ERD», que relacionó con el Ejército de República Dominicana, y el número «22», que identificó como el año de fabricación 2022. Sin embargo, esa interpretación y la supuesta venta de las municiones requieren verificación documental independiente.
En su mensaje, el comunicador aseguró que el pueblo dominicano respalda las acciones de Bukele y presentó sus declaraciones como una advertencia sobre el posible origen de parte del armamento empleado por las bandas haitianas.
Las acusaciones adquieren relevancia en un contexto de preocupación regional por la violencia en Haití, especialmente tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños luego de una emboscada. No obstante, las afirmaciones de El Piro no constituyen por sí solas una prueba de que funcionarios dominicanos hayan vendido las municiones señaladas. Para establecer responsabilidades, sería necesario contrastar sus declaraciones con el informe citado, los registros de fabricación y los resultados de cualquier investigación oficial.