Organizaciones civiles buscan mantener el tema en la agenda de las elecciones de mitad de mandato y alertan sobre las restricciones que afectan a millones de mujeres latinas
El derecho al aborto vuelve a ocupar un lugar importante en el debate político de Estados Unidos, donde organizaciones civiles trabajan para que el tema sea abordado por los candidatos a las elecciones de mitad de mandato. Los grupos defensores de los derechos reproductivos advierten que las restricciones vigentes en varios estados continúan afectando el acceso a este procedimiento.
De acuerdo con información difundida por la agencia EFE, más de seis millones de mujeres latinas residen en una veintena de estados que mantienen limitaciones al aborto. Esta situación se produce tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense de 2022, que revocó el precedente que protegía el derecho constitucional federal a interrumpir un embarazo y devolvió a los estados amplias facultades para regularlo.
Las organizaciones civiles consideran que las elecciones representan una oportunidad para que los votantes evalúen las posiciones de los candidatos sobre las políticas de salud reproductiva. Por ello, buscan mantener el asunto presente en las campañas y promover la participación de las comunidades afectadas por las restricciones.
Una encuesta reciente de la Kaiser Family Foundation (KFF) indica que el 57 % de los votantes considera «extremadamente importante» o «muy importante» que los candidatos hablen sobre el aborto. El resultado refleja la relevancia que el tema conserva para una parte considerable del electorado estadounidense.
David Berrios, vicepresidente de organización y campañas de Reproductive Freedom for All, señaló a EFE que el asunto continúa motivando a la ciudadanía. Según explicó, las encuestas y el trabajo directo con las comunidades muestran que el aborto sigue siendo un factor de movilización.
El debate se mantiene abierto en un escenario en el que las políticas sobre el aborto varían según el estado. La discusión electoral gira en torno al acceso a los servicios, las restricciones legales y el papel que pueden desempeñar los representantes electos en la definición de estas políticas.