Un contratista de Long Island se declaró culpable de apropiarse de más de US$90,000 entregados por clientes para la compra de materiales y la instalación de pisos de madera en viviendas del condado de Suffolk, trabajos que finalmente nunca fueron realizados.
El acusado fue identificado como Leones Martins-Rodrigues, de 40 años, residente en East Islip y propietario de la compañía Smart Flooring. De acuerdo con la Fiscalía del condado de Suffolk, el contratista recibió el dinero de tres constructores entre mayo de 2022 y febrero de 2024.
Los pagos realizados por los clientes estaban destinados específicamente a cubrir la compra de materiales y la instalación de pisos de madera en diferentes proyectos residenciales ubicados en Southampton y East Hampton, comunidades situadas en el este de Long Island.
Sin embargo, las autoridades determinaron que los trabajos acordados nunca fueron completados. La investigación estableció que Martins-Rodrigues tampoco adquirió los materiales para los proyectos, pese a que había recibido los fondos con ese propósito.
Según la Fiscalía, en lugar de utilizar el dinero para cumplir con los compromisos asumidos con sus clientes, el contratista retiró los recursos que habían sido depositados en su cuenta bancaria y los destinó al pago de obligaciones financieras personales.
El caso salió a la luz después de que las autoridades iniciaran una investigación sobre el manejo de los fondos entregados para los proyectos residenciales. La acusación sostiene que el dinero fue utilizado para fines distintos a los establecidos en los acuerdos con los clientes.
Martins-Rodrigues fue arrestado el 8 de abril y posteriormente llevado ante la justicia. El pasado 13 de agosto, el contratista compareció ante el juez de la Corte Suprema estatal, Timothy P. Mazzei, donde admitió su responsabilidad en los hechos.
El acusado se declaró culpable de intento de hurto mayor en segundo grado, un delito grave de clase D contemplado en las leyes del estado de Nueva York. La admisión de culpabilidad pone fin a la etapa relacionada con la determinación de responsabilidad y da paso al proceso correspondiente para establecer la pena.
El fiscal de distrito de Suffolk, Raymond Tierney, señaló que el acusado se presentó ante sus clientes como un contratista confiable, pero terminó desviando para beneficio personal los recursos que había recibido para ejecutar los proyectos.
La Fiscalía indicó que el dinero entregado por los clientes tenía un destino específico: adquirir los materiales necesarios y realizar los trabajos de instalación de pisos. Sin embargo, esos compromisos no fueron cumplidos, mientras los fondos fueron utilizados para cubrir necesidades económicas personales del acusado.
El proceso también contó con la participación de la Policía del condado de Suffolk y de la unidad especializada en delitos financieros de la Fiscalía, cuyos investigadores trabajaron en la reconstrucción de las operaciones realizadas con los fondos recibidos.
Los proyectos afectados se encontraban en Southampton y East Hampton, dos comunidades de Long Island donde los clientes habían contratado los servicios de la empresa para trabajos de construcción y remodelación de viviendas.
La situación pone de relieve los riesgos que pueden enfrentar los consumidores al entregar grandes cantidades de dinero por adelantado para la ejecución de obras, particularmente cuando esos recursos están destinados a la compra de materiales y al pago de servicios específicos.
En este caso, las autoridades sostienen que los fondos no fueron utilizados para cumplir con los trabajos contratados, sino que fueron desviados hacia compromisos financieros personales.
La sentencia contra Martins-Rodrigues está programada para el 12 de agosto de 2027, fecha en la que deberá comparecer nuevamente ante el tribunal para conocer las consecuencias legales derivadas de su declaración de culpabilidad.
Mientras tanto, el caso permanece bajo seguimiento de las autoridades judiciales del condado de Suffolk, luego de que el contratista reconociera ante el tribunal su responsabilidad por el delito por el que fue procesado.