Madrid.– Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades españolas para garantizar la protección de las personas migrantes y refugiadas que permanecen en Ceuta, así como del personal humanitario y de las organizaciones que trabajan en la atención de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, en medio de la creciente tensión social que atraviesa la ciudad española.
La organización expresó su preocupación por los recientes episodios de violencia y hostigamiento registrados en el contexto de la crisis migratoria que comenzó después de la llegada masiva de decenas de miles de personas a Ceuta desde Marruecos a finales de julio. Amnistía Internacional considera que, ante una situación de estas características, las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su nacionalidad o de la forma en que hayan llegado al territorio español.
La entidad ha insistido en que la respuesta de España y Marruecos debe estar guiada por las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ha reclamado que las personas que necesiten protección internacional puedan acceder efectivamente a los procedimientos de asilo.
Amnistía Internacional también ha mostrado especial preocupación por la situación de los menores de edad, particularmente aquellos que se encuentran sin acompañamiento familiar, y por otras personas que puedan estar expuestas a mayores riesgos debido a sus condiciones de vulnerabilidad.
La crisis migratoria ha generado una fuerte presión sobre Ceuta y ha provocado un intenso debate político y social en España. Las autoridades han tenido que responder a las necesidades de miles de personas mientras buscan controlar los movimientos migratorios y garantizar el orden público.
En este contexto, Amnistía Internacional ha advertido que la presión derivada de la llegada masiva de migrantes no puede convertirse en una justificación para suspender o limitar las garantías fundamentales reconocidas por el derecho internacional.
Uno de los principales puntos señalados por la organización está relacionado con las denuncias sobre posibles devoluciones forzosas y sumarias de personas desde Ceuta hacia Marruecos.
Amnistía Internacional solicitó previamente información al Gobierno español sobre las garantías procesales aplicadas después de la llegada de unas 72,000 personas a la ciudad durante los días 30 y 31 de julio. La organización manifestó estar alarmada por informes sobre posibles devoluciones que, de confirmarse, podrían ser contrarias a las obligaciones internacionales de España.