El gremio pide mayor claridad sobre la responsabilidad penal corporativa y el uso de la fuerza en una industria que genera más de 62,000 empleos formales
El presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), Freddy González Estrada, advirtió sobre una serie de vacíos legales que, a su juicio, contiene el nuevo Código Penal y que podrían generar riesgos para la operación de las compañías dedicadas a la seguridad privada en República Dominicana.
González Estrada señaló que la falta de una delimitación clara sobre la responsabilidad penal corporativa, así como la incertidumbre relacionada con el uso de la fuerza, podrían provocar situaciones en las que actuaciones propias de la operación cotidiana de las empresas terminen siendo objeto de consecuencias penales.
La posición fue expresada este miércoles durante el taller “El Nuevo Código Penal y su impacto en la Seguridad Privada”, organizado por Adesinc en el Hotel Embassy Suites by Hilton.
La actividad contó con la participación del especialista Francisco Álvarez, quien estuvo a cargo de la exposición sobre las implicaciones que podría tener la nueva legislación para las empresas y los profesionales que trabajan en el sector.
Durante el encuentro participaron además directivos de Adesinc y representantes de diferentes empresas vinculadas a la industria de la seguridad privada.
González Estrada aclaró que el gremio favorece la actualización del marco normativo, al considerar necesario que el país cuente con una legislación acorde con las nuevas realidades sociales y económicas.
Sin embargo, sostuvo que la modernización de las normas debe estar acompañada de garantías y disposiciones suficientemente claras para evitar interpretaciones que puedan afectar injustamente a las empresas que operan dentro de la formalidad.
Uno de los principales puntos señalados por el presidente de Adesinc está relacionado con la responsabilidad penal de las empresas y la necesidad de establecer con precisión cuáles actuaciones pueden generar responsabilidad para una persona jurídica y bajo qué circunstancias.
El sector también manifestó preocupación por las disposiciones relacionadas con el uso de la fuerza, debido a que los agentes de seguridad privada enfrentan situaciones que pueden requerir respuestas inmediatas para proteger personas, instalaciones o bienes.
Para Adesinc, cualquier regulación en esta materia debe establecer límites y responsabilidades claramente definidos, de manera que los trabajadores puedan desempeñar sus funciones dentro de un marco jurídico previsible.
La organización considera que la incertidumbre normativa podría generar dificultades para una industria que desempeña funciones vinculadas con la protección de establecimientos comerciales, instalaciones privadas, eventos, instituciones y otros espacios.
González Estrada destacó además el peso económico y laboral de la seguridad privada en República Dominicana.
Según los datos ofrecidos por el gremio, la industria genera más de 62,000 empleos formales, produce anualmente más de RD$24,000 millones y aporta cerca de 90 millones de horas de vigilancia.
Estas cifras reflejan la dimensión que tiene el sector dentro de la economía nacional y la cantidad de trabajadores que dependen directamente de sus operaciones.
Ante este escenario, Adesinc plantea que cualquier modificación o aplicación de las normas penales debe tomar en consideración las características particulares de la actividad y las responsabilidades que enfrentan diariamente las empresas y sus empleados.
El taller organizado por la entidad tuvo precisamente como propósito analizar las implicaciones del nuevo Código Penal y permitir que los representantes del sector conozcan con mayor profundidad las disposiciones que podrían incidir en sus operaciones.
La discusión sobre la nueva legislación adquiere especial importancia para las empresas de seguridad debido a que sus trabajadores desempeñan funciones que pueden involucrar vigilancia, control de acceso, protección de instalaciones y respuesta ante situaciones potencialmente peligrosas.
Para el gremio, establecer reglas claras permitiría reducir los riesgos de interpretaciones contradictorias y garantizar que las empresas puedan desarrollar sus actividades dentro de los límites establecidos por la legislación.
Adesinc reiteró su disposición de participar en el proceso de actualización normativa, pero insistió en que la industria necesita garantías proporcionales y reglas claras que permitan diferenciar entre actuaciones legítimas propias de la función de seguridad y conductas que realmente puedan constituir infracciones penales.
El debate sobre el impacto del nuevo Código Penal continuará siendo relevante para distintos sectores productivos, especialmente aquellos cuyas actividades implican responsabilidades específicas frente a terceros.
En el caso de la seguridad privada, el gremio busca que la implementación del nuevo marco legal tome en cuenta tanto la protección de los derechos ciudadanos como las condiciones bajo las cuales operan las empresas y sus trabajadores.
La entidad sostiene que una legislación clara y equilibrada permitirá fortalecer la seguridad privada formal sin convertir las actuaciones legítimas realizadas en el ejercicio de sus funciones en situaciones susceptibles de una criminalización injustificada.