El Decreto 787-26 establece que la incorporación de esta tecnología a los servicios públicos deberá respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos
El presidente de la República, Luis Abinader, aprobó mediante el Decreto 787-26, fechado el 2 de noviembre de 2026, el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, una normativa que establece principios para orientar la utilización de estas herramientas tecnológicas dentro de las instituciones del Estado dominicano.
La disposición busca establecer un marco de actuación para que la inteligencia artificial pueda contribuir a agilizar los trámites administrativos, optimizar los procesos institucionales y mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, sin que su implementación represente una amenaza para sus derechos fundamentales.
Aunque el código está dirigido a las entidades gubernamentales, sus disposiciones tienen implicaciones directas para la población, debido a que las herramientas de inteligencia artificial pueden intervenir en distintos procedimientos administrativos, evaluaciones de solicitudes y procesos de toma de decisiones que afectan a las personas.
En ese sentido, la normativa coloca el respeto a los derechos de los ciudadanos como una condición que debe acompañar la incorporación de estas tecnologías a la gestión pública. El objetivo es que la modernización de los servicios estatales no se limite a la automatización de tareas, sino que también contemple las consecuencias que pueden tener estos sistemas sobre quienes utilizan los servicios gubernamentales.
La utilización de inteligencia artificial en la administración pública representa una oportunidad para reducir tiempos de espera, facilitar el procesamiento de información y mejorar la atención a los usuarios. Sin embargo, cuando estas herramientas participan en procedimientos que pueden influir en la situación de una persona, resulta fundamental garantizar que su aplicación no comprometa sus derechos.
El Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos establece así una referencia para orientar el uso de esta tecnología en el aparato estatal dominicano, en un contexto en el que las instituciones buscan incorporar soluciones digitales para transformar sus operaciones y responder a las necesidades de la ciudadanía.
Con la aprobación del Decreto 787-26, el Gobierno incorpora un marco ético específico para el uso de inteligencia artificial en los servicios públicos, vinculando el avance tecnológico con la responsabilidad institucional y la protección de los ciudadanos.