Guayaquil, Ecuador.– Un tribunal de Ecuador condenó al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y a su hijo Jacobo Bucaram Pulley a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada, dentro del denominado caso Pruebas COVID-19.
La sentencia fue emitida este 9 de septiembre de 2026, luego de varios intentos fallidos para instalar la audiencia de lectura del fallo. Ambos fueron considerados colaboradores dentro de la estructura investigada por la comercialización irregular de pruebas para detectar el coronavirus y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.
De acuerdo con la acusación fiscal, la estructura investigada habría comercializado aproximadamente 21,000 pruebas rápidas de COVID-19, además de mascarillas y otros productos médicos, durante los meses más críticos de la pandemia.
La investigación también estableció que en las operaciones habrían participado personas vinculadas a la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, cuyos recursos y funcionarios presuntamente fueron utilizados para facilitar el traslado de los productos entre distintas ciudades.
Además de Bucaram y su hijo, el tribunal condenó al exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito Leandro Berrones y al ciudadano israelí Sheinman Oren, señalados como autores directos del delito. La pena establecida inicialmente para ambos fue de 13 años y cuatro meses de prisión.
En el caso de Oren, el tribunal tomó en consideración su cooperación con las autoridades y redujo posteriormente la pena a dos años y ocho meses, debido a la información proporcionada durante el proceso investigativo.
El proceso judicial se originó durante la emergencia sanitaria de 2020, cuando las autoridades ecuatorianas comenzaron a investigar una presunta estructura dedicada a la comercialización irregular de insumos médicos. La Fiscalía sostuvo que las actividades investigadas permitieron obtener beneficios económicos mediante operaciones desarrolladas durante el período de calamidad pública.
Durante las investigaciones fueron encontrados importantes cantidades de pruebas rápidas, mascarillas y otros productos médicos. También se documentaron movimientos de dinero y el presunto uso de recursos vinculados a organismos públicos para facilitar determinadas operaciones.
La audiencia de sentencia estuvo marcada por varios aplazamientos. La lectura del fallo había sido intentada en seis ocasiones anteriores, pero diferentes circunstancias impidieron que se concretara.
Bucaram, quien se encontraba internado en una clínica de Guayaquil debido a problemas de salud, finalmente compareció para escuchar la decisión judicial. Antes de la audiencia había solicitado el alta médica voluntaria para poder participar directamente en el proceso.
El expresidente había cuestionado públicamente el proceso y sostenido que enfrentaba una persecución política. También había anunciado su intención de recurrir a instancias internacionales para denunciar lo que considera violaciones a sus garantías.
La sentencia representa un hecho relevante en la trayectoria política y judicial de Bucaram, quien gobernó Ecuador entre 1996 y 1997. Se trata de la primera condena penal en su contra después de más de cuatro décadas de actividad política, según medios ecuatorianos.
El fallo también establece consecuencias económicas para los condenados. Bucaram y su hijo deberán pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, mientras que para Berrones se estableció una multa de 40 salarios básicos. En el caso de Oren, la multa corresponde a seis salarios básicos.
La decisión judicial corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que los condenados tienen la posibilidad de recurrir el fallo conforme a los mecanismos establecidos por la legislación ecuatoriana.
El caso Pruebas COVID-19 se convirtió en uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con el manejo irregular de insumos médicos durante la pandemia en Ecuador, debido a la cantidad de productos investigados y a la participación de personas vinculadas a estructuras públicas.
Con la lectura de la sentencia, el tribunal cerró la etapa de juzgamiento del proceso y estableció las responsabilidades correspondientes según el grado de participación atribuido a cada uno de los procesados.