La asignación fue aprobada mediante un procedimiento de urgencia que mantiene bajo reserva datos sobre la empresa adjudicataria y los plazos de ejecución
El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, destinó 642.000 euros para financiar la reparación de un centro educativo ubicado en Larache, Marruecos. La decisión ha generado controversia por la utilización de un mecanismo excepcional para aprobar los recursos y la falta de información pública sobre algunos detalles de la contratación.
La asignación se tramitó mediante un procedimiento reservado para situaciones de carácter extremo, lo que ha limitado el acceso a información relacionada con la empresa adjudicataria y los plazos establecidos para la ejecución de los trabajos.
La medida provocó fuertes cuestionamientos en Ceuta, donde representantes de la comunidad educativa han expresado su preocupación por las condiciones en las que funcionan varios centros escolares de la ciudad.
Entre las principales dificultades denunciadas figuran filtraciones de agua, goteras y problemas en las instalaciones eléctricas que, según las reclamaciones, podrían representar un riesgo para estudiantes, docentes y personal administrativo.
El contraste entre la inversión aprobada para el centro educativo en Marruecos y las necesidades pendientes en las escuelas de Ceuta ha reavivado las críticas sobre las prioridades del Ejecutivo español y la distribución de los recursos públicos.
La polémica vuelve a colocar sobre la mesa el debate acerca de la transparencia en las contrataciones gubernamentales y la atención que reciben las infraestructuras educativas.