Ramón Orlando Candelario afirma que dejó el vehículo en manos de Bernardo Antonio Rodríguez por una deuda de RD$160,000 y cuestiona la respuesta que ha recibido de las autoridades
Un hombre identificado como Ramón Orlando Candelario denunció que lleva aproximadamente tres años intentando recuperar una yipeta Toyota 4Runner que, según su versión, dejó en manos de Bernardo Antonio Rodríguez, a quien señala como supuesto pastor.
Candelario explicó que Rodríguez mantenía una deuda de RD$160,000 con él y que le dejó el vehículo mientras este atravesaba un proceso judicial. Sin embargo, aseguró que, desde entonces, ha intentado llegar a un acuerdo para recuperar la yipeta, mediante distintas propuestas de pago, sin conseguir una solución favorable.
El denunciante también alegó que al vehículo le fueron retirados tres dispositivos de rastreo GPS. Según explicó, esta situación forma parte de los inconvenientes que ha enfrentado durante el tiempo que lleva intentando recuperar el automóvil.
Asimismo, expresó su inconformidad con la respuesta que asegura haber recibido de las autoridades. De acuerdo con su relato, en la Fiscalía no le han brindado la asistencia que esperaba porque, según le indicaron, el caso no corresponde a esa jurisdicción, debido a que los hechos ocurrieron en Punta Cana.
Candelario manifestó que logró localizar su vehículo mediante la intervención de alguaciles y cuestionó que, según su versión, la Justicia se lo entregara a la otra parte. El hombre sostiene que cuenta con documentos que acreditan la propiedad de la Toyota 4Runner y reclama que se tome en cuenta esa documentación para resolver la situación.
Ante lo ocurrido, el denunciante solicita que su caso sea atendido por las instancias correspondientes y que se determine una solución que le permita recuperar su vehículo, luego de años de reclamaciones.
Hasta el momento, las declaraciones disponibles corresponden a la versión de Candelario. No se cuenta con una respuesta de Bernardo Antonio Rodríguez ni con una posición oficial de las autoridades sobre los hechos denunciados, por lo que las alegaciones no pueden considerarse hechos judicialmente establecidos.