Tribunales de Estados Unidos y República Dominicana procesan a imputados por su presunta vinculación con una red dedicada al fraude informático, las estafas electrónicas y el lavado de activos entre ambos países, estructura que habría movilizado más de RD$286 millones mediante empresas y diferentes mecanismos financieros.
La red fue desmantelada a través de la Operación Discovery 3.0, ejecutada por la Procuraduría General de la República como parte de las investigaciones dirigidas contra estructuras dedicadas a cometer delitos electrónicos y posteriormente manejar los recursos obtenidos mediante operaciones financieras.
En Estados Unidos, un tribunal de Boston, Massachusetts, lleva un proceso contra varios de los principales señalados como integrantes de la estructura criminal. Los imputados enfrentan acusaciones relacionadas con fraude y lavado de activos por hechos que, de acuerdo con las investigaciones, tendrían conexiones con operaciones realizadas entre República Dominicana y territorio estadounidense.
Entre los dominicanos señalados figuran Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez. Los cuatro fueron extraditados desde República Dominicana hacia Estados Unidos para responder ante la justicia de ese país.
Las investigaciones apuntan a una estructura que habría utilizado empresas y mecanismos financieros para ejecutar las operaciones fraudulentas y manejar los fondos derivados de las actividades ilícitas. El monto identificado por las autoridades supera los RD$286 millones.
El carácter transnacional de la investigación ha llevado a que los procesos judiciales se desarrollen tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, mientras las autoridades de ambos países continúan con las acciones correspondientes para determinar las responsabilidades individuales de los imputados.
La Operación Discovery 3.0 forma parte de los esfuerzos de las autoridades dominicanas para perseguir estructuras vinculadas a delitos electrónicos, estafas y lavado de activos, especialmente aquellas que operan utilizando mecanismos financieros y tecnológicos para ocultar el origen de los recursos.
Los imputados deberán responder ante los tribunales correspondientes, donde se determinará su responsabilidad penal conforme avance cada uno de los procesos judiciales.