La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) denunció que miles de inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y que cuentan con órdenes definitivas de deportación han dejado de aparecer en el sistema público de localización de detenidos de la agencia.
La organización señaló que la situación dificulta que los abogados y familiares puedan determinar dónde se encuentran las personas detenidas y tomar medidas legales ante posibles procesos de expulsión. AILA informó que ha recibido múltiples quejas relacionadas con el funcionamiento del sistema, utilizado desde 2010 para facilitar la ubicación de personas bajo custodia migratoria.
Según la asociación, el problema afecta específicamente a inmigrantes que tienen órdenes definitivas de expulsión. La abogada Heather Hogan, asesora jurídica de políticas y prácticas de AILA, explicó a EFE que personas detenidas están desapareciendo del sistema de localización en diferentes partes del país.
La organización indicó que el cambio comenzó a observarse desde el 15 de septiembre de 2026. La información disponible señala que solamente los sistemas de localización correspondientes a cuatro centros de detención —ubicados en California, Nueva York, Illinois y Minnesota— continuarían funcionando normalmente debido a litigios que obligan a las autoridades a informar sobre la ubicación de los detenidos.
La falta de información genera preocupación entre abogados especializados en inmigración porque conocer el lugar exacto donde se encuentra una persona bajo custodia puede ser fundamental para establecer comunicación con ella, preparar recursos y presentar solicitudes ante los tribunales.
Uno de los mecanismos legales que podría verse afectado es el habeas corpus, mediante el cual una persona detenida puede solicitar a un tribunal que revise la legalidad de su detención. AILA sostiene que resulta mucho más complicado iniciar este tipo de acciones cuando los representantes legales desconocen dónde está recluido su cliente.
El sistema de localización de detenidos fue establecido por ICE en 2010 precisamente para permitir que familiares, abogados y otras personas autorizadas pudieran identificar el lugar donde se encontraba una persona bajo custodia migratoria. El sistema permite realizar búsquedas utilizando datos personales, como nombre, país de nacimiento y fecha de nacimiento, o el número de registro migratorio correspondiente.
La situación denunciada por AILA también ha sido reportada por medios estadounidenses. Associated Press informó que ICE dejó de mostrar públicamente la ubicación de detenidos con órdenes definitivas de deportación y que varios abogados confirmaron que sus clientes habían desaparecido del sistema durante septiembre.
De acuerdo con datos citados por EFE, ICE tenía bajo custodia a 65,765 personas en todo el país al 11 de julio, según los últimos datos recopilados por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse. No todas esas personas estarían afectadas por el cambio, ya que la denuncia se concentra en quienes tienen órdenes definitivas de expulsión.
Para AILA, una de las principales consecuencias es que los familiares pueden desconocer si una persona continúa detenida, si fue trasladada a otro centro o si ya fue deportada. Los abogados también podrían disponer de menos información para intervenir en los casos antes de que se produzca una eventual expulsión.
ICE no ha confirmado oficialmente el cambio señalado por AILA. Según la información recogida por EFE y AP, la agencia ha indicado que las personas con órdenes definitivas de deportación están siendo priorizadas para su expulsión, en un contexto marcado por un elevado número de procesos judiciales relacionados con las deportaciones.
La controversia se produce mientras las autoridades migratorias estadounidenses intensifican las detenciones y deportaciones. Para los abogados de inmigración, mantener mecanismos que permitan conocer la ubicación de las personas detenidas resulta importante para garantizar la comunicación entre abogados y clientes y permitir que los recursos legales puedan presentarse ante las autoridades correspondientes.
La denuncia de AILA mantiene abierto el debate sobre el acceso a información de personas bajo custodia migratoria y sobre las consecuencias que puede tener para familiares y representantes legales la falta de información sobre su paradero.