La reforma policial, el Código de Trabajo y la modificación de la Ley de Seguridad Social figuran entre las iniciativas que continúan a la espera de avances en el Congreso Nacional
El Congreso Nacional ha mantenido distintos ritmos en el conocimiento de iniciativas legislativas. Mientras el proyecto de ley que regula los juegos de azar completó esta semana su trámite en ambas cámaras, otras reformas consideradas prioritarias continúan pendientes de aprobación o discusión.
La situación fue analizada por Ramón Morel, quien tomó como referencia la aprobación de las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al proyecto sobre juegos de azar. Con la decisión del Senado, la iniciativa quedó en condiciones de ser remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
El contraste también alcanza a la reforma policial. El proyecto enviado inicialmente por el Poder Ejecutivo permaneció aproximadamente siete meses en el Senado, donde fue aprobado, pero posteriormente perimió en la Cámara de Diputados al concluir la legislatura de julio. El proceso tuvo que comenzar nuevamente y, hasta el 15 de septiembre, todavía no se había iniciado formalmente el trabajo de la comisión bicameral encargada de estudiarlo.
En el ámbito laboral, el Código de Trabajo vigente data de 1992, mientras que la propuesta de modificación depositada en octubre de 2024 ha enfrentado retrasos y ha perimido en dos ocasiones. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó el pasado 2 de septiembre que el proceso permanecía pendiente de los resultados de un nuevo diálogo promovido por el Gobierno.
Otra de las reformas pendientes corresponde a la Ley 87-01 de Seguridad Social. Al inicio de la actual legislatura fue señalada nuevamente como una de las prioridades del Congreso; sin embargo, Pacheco informó posteriormente que el proyecto del Poder Ejecutivo todavía estaba en preparación.
El análisis también destaca la rapidez con la que el Congreso ha conocido determinados financiamientos. Entre ellos figuran dos préstamos por US$600 millones, aprobados por el Senado en junio, y otros dos contratos con el BID por US$465.5 millones, sancionados en julio para proyectos relacionados con seguridad vial y el manejo de la cuenca del río Yuna.
Asimismo, en junio el Senado declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas un proyecto de medidas para el procrecimiento económico y la simplificación fiscal.
Estos casos muestran que el Congreso cuenta con mecanismos para acelerar el conocimiento de determinadas iniciativas, mientras otras permanecen durante meses o años en procesos de discusión, comisiones o negociación.
La diferencia en los tiempos legislativos mantiene abierto el debate sobre el ritmo con que avanzan reformas relacionadas con áreas como seguridad ciudadana, trabajo y protección social, frente a otros proyectos que han logrado completar su trámite en períodos más cortos.