Santo Domingo.– Este viernes comienza una de las etapas más importantes del proceso judicial relacionado con la tragedia de la discoteca Jet Set, ocurrida el 8 de abril de 2025, cuando el techo del establecimiento se desplomó durante un concierto del reconocido merenguero Rubby Pérez, provocando la muerte de 236 personas y dejando más de 180 heridos.
El juicio de fondo será conocido contra los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento, quienes enfrentan una acusación por homicidio involuntario en perjuicio de las personas fallecidas y heridas como consecuencia del colapso de la estructura.
La primera audiencia está programada para las 9:00 de la mañana ante la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, tribunal que estará encabezado por el juez Franny Manuel González Castillo.
El inicio del juicio representa un nuevo capítulo en un proceso que ha generado una amplia atención nacional desde la noche de la tragedia. Durante más de un año, familiares de las víctimas, sobrevivientes, abogados y representantes del Ministerio Público han seguido diferentes etapas judiciales en busca de que se esclarezcan las circunstancias que provocaron el desplome del techo y se establezcan las responsabilidades correspondientes.
La tragedia ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, mientras cientos de personas se encontraban dentro de la reconocida discoteca ubicada en Santo Domingo Este disfrutando de una presentación artística. En medio de la actividad, una parte de la estructura cedió y el techo cayó sobre las personas que se encontraban en el establecimiento.
Entre las víctimas mortales se encontraba el propio Rubby Pérez, una de las figuras más reconocidas del merengue dominicano, cuya muerte causó una profunda conmoción en el país y en la comunidad dominicana residente en el exterior.
El colapso provocó una operación de rescate de grandes dimensiones, en la que participaron organismos de socorro, cuerpos especializados, policías, militares, médicos, voluntarios y familiares que durante horas esperaron noticias sobre sus seres queridos.
Con el paso de los meses, la investigación judicial avanzó hasta llegar a la etapa preliminar, donde se analizaron los elementos presentados por el Ministerio Público y la defensa de los imputados.
En junio de 2026, el juez Reymundo Mejía dictó el auto de apertura a juicio de fondo y mantuvo la calificación jurídica de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias. Con esa decisión, el expediente pasó a un tribunal de juicio para que las pruebas sean debatidas de manera oral, pública y contradictoria.
Posteriormente, el juez Franny González Castillo fijó para este 28 de agosto de 2026 el inicio del juicio de fondo. La designación de la Cuarta Sala se produjo después de que fuera acogida la inhibición de una jueza de otra sala, quien se apartó del proceso debido a vínculos personales con una de las víctimas.
El juicio de fondo constituye una etapa diferente a la audiencia preliminar. En esta fase, el tribunal tendrá que escuchar directamente los argumentos de las partes, recibir los testimonios, conocer los informes periciales y examinar las demás evidencias que hayan sido admitidas para el proceso.
El Ministerio Público tendrá la responsabilidad de presentar y sustentar su acusación, mientras la defensa de los hermanos Espaillat podrá controvertir las pruebas, presentar sus argumentos y ejercer todos los mecanismos establecidos por la legislación para garantizar el derecho a la defensa.
Uno de los aspectos centrales del proceso será determinar si las actuaciones u omisiones atribuidas a los imputados pueden ser vinculadas jurídicamente con el colapso de la estructura y con las muertes y lesiones provocadas por la tragedia.
Durante la etapa preliminar, el expediente estuvo acompañado por informes técnicos, testimonios y diferentes elementos relacionados con las condiciones del inmueble y las circunstancias que rodearon el desplome.
La discusión sobre las causas estructurales del colapso ha sido uno de los puntos de mayor importancia dentro del caso. Los informes y peritajes incorporados al proceso serán examinados durante el juicio para determinar qué ocurrió con la estructura y cuáles factores pudieron contribuir a su caída.
La acusación del Ministerio Público sostiene una teoría de responsabilidad que deberá ser demostrada durante el juicio, mientras que la defensa tendrá la oportunidad de presentar su propia interpretación de los hechos y cuestionar los elementos utilizados por los fiscales.
El proceso no implica que los imputados hayan sido declarados culpables. El inicio del juicio de fondo significa que el expediente superó la etapa preliminar y que ahora corresponde al tribunal determinar, después de valorar las pruebas, si existe responsabilidad penal.
Este punto resulta especialmente importante debido a la naturaleza del caso y al número de personas afectadas. La tragedia dejó 236 fallecidos y más de un centenar de personas heridas, según los diferentes reportes judiciales y periodísticos sobre el expediente.
Mientras el proceso judicial avanza, los familiares de las víctimas han mantenido una posición firme en reclamo de justicia y han insistido en que desean que todas las pruebas sean escuchadas y que las responsabilidades sean determinadas por el tribunal conforme a la ley.
A pocas horas del inicio del juicio, familiares y sobrevivientes participaron en una vigilia frente al Palacio de Justicia. La actividad fue convocada por el Movimiento Justicia Jet Set, cuyos integrantes encendieron velas y llevaron fotografías y recuerdos de sus seres queridos fallecidos en el derrumbe.
Durante la vigilia, los participantes reclamaron una condena ejemplar y pidieron que el proceso se desarrolle sin privilegios ni dilaciones. También reiteraron que su objetivo es obtener justicia y conocer la verdad sobre lo ocurrido.
Los familiares han rechazado además que su reclamo pueda ser interpretado como una búsqueda de venganza. Han insistido en que esperan que el tribunal actúe con independencia y que las pruebas sean valoradas antes de establecer cualquier responsabilidad.
En declaraciones ofrecidas durante una misa conmemorativa realizada semanas antes del juicio, representantes de las familias señalaron que esperan que el proceso permita establecer la verdad y determinar las responsabilidades correspondientes.
El sacerdote Rogelio Cruz también pidió durante esa actividad que las pruebas sean presentadas y debatidas en el tribunal y que no exista una sentencia anticipada, sino una decisión justa basada en los elementos que sean conocidos durante el proceso.
El caso también ha generado una intensa discusión jurídica alrededor de la calificación de los hechos. Familiares de las víctimas y sus representantes han planteado anteriormente la posibilidad de que la acusación sea modificada de homicidio involuntario a homicidio voluntario, una solicitud que no prosperó durante la etapa de instrucción.
Por el momento, la calificación jurídica con la que el expediente llega al juicio es la de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, conforme al auto de apertura a juicio dictado en junio.