El Gobierno busca impedir que personas privadas de libertad continúen coordinando actividades criminales desde centros penitenciarios
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este martes el traslado de 20 personas privadas de libertad que se encontraban recluidas en diferentes centros de Barranquilla, como parte de una estrategia destinada a fortalecer el control penitenciario y enfrentar los niveles de criminalidad registrados en la ciudad.
La decisión fue anunciada directamente por el mandatario, quien señaló que los movimientos fueron ejecutados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) bajo sus instrucciones.
“Por orden mía, directamente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, afirmó el presidente a través de sus redes sociales.
De acuerdo con la información ofrecida por De la Espriella, de los 20 presos trasladados, diez permanecían en estaciones de Policía y los otros diez se encontraban en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.
Los reclusos fueron enviados a otros establecimientos penitenciarios del país, en una medida que busca modificar las condiciones bajo las cuales permanecían detenidos y dificultar que puedan mantener operaciones criminales desde los lugares de reclusión.
La decisión se produce en medio de los esfuerzos de las autoridades colombianas para combatir las estructuras delincuenciales que operan en Barranquilla y otras zonas del país.
El control de las actividades criminales desde las cárceles se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades colombianas, debido a la capacidad que pueden conservar algunos integrantes de organizaciones delictivas para comunicarse con personas que permanecen en libertad.
Con los traslados, el Gobierno pretende reducir esas posibilidades y reforzar el control sobre los internos considerados de mayor riesgo.
La medida también busca evitar la concentración de determinados perfiles de presos en establecimientos o instalaciones que puedan ofrecerles condiciones favorables para continuar ejerciendo influencia sobre actividades criminales en el exterior.
El presidente presentó la operación como parte de una política de mayor firmeza frente a la criminalidad y dejó claro que su Gobierno pretende modificar las condiciones penitenciarias de aquellos reclusos señalados de continuar participando en actividades delictivas.
Los diez presos que permanecían en estaciones de Policía fueron incluidos en el operativo pese a que estos lugares no están diseñados para funcionar como establecimientos penitenciarios permanentes.
La situación de los detenidos en estaciones policiales ha sido un tema recurrente en Colombia debido a las condiciones de hacinamiento y a la necesidad de trasladar a personas privadas de libertad hacia instalaciones penitenciarias adecuadas.
Por otra parte, los diez internos que estaban en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla también fueron movilizados hacia otros establecimientos, según informó el mandatario.
Las autoridades no detallaron públicamente, en la información inicial, los nombres de los presos trasladados ni los delitos específicos por los cuales cumplen condenas o permanecen bajo custodia.
El Gobierno colombiano sostiene que este tipo de acciones forman parte de una estrategia para recuperar el control efectivo de los centros de reclusión y evitar que las organizaciones criminales utilicen las cárceles como centros de coordinación.
La decisión anunciada este martes podría ser seguida por nuevas operaciones y movimientos de internos en otras zonas del país, dependiendo de las evaluaciones de seguridad realizadas por las autoridades penitenciarias.
Para el Ejecutivo, la lucha contra el crimen no debe limitarse a las calles, sino que también debe incluir un control estricto de las personas que, aun estando privadas de libertad, puedan intentar mantener vínculos con estructuras delincuenciales.
El traslado de estos 20 presos representa, por tanto, una de las primeras medidas anunciadas directamente por el presidente para modificar las condiciones de reclusión de internos considerados relevantes dentro de la estrategia de seguridad.
Las autoridades deberán ahora garantizar que los traslados se realicen bajo los protocolos establecidos y que los nuevos centros penitenciarios cuenten con las condiciones necesarias para mantener bajo control a los internos.
El Gobierno colombiano mantiene así su apuesta por endurecer las medidas de seguridad dentro de las cárceles y cortar las posibles conexiones entre los reclusos y las estructuras criminales que operan fuera de los centros penitenciarios.