El director de Contrataciones Públicas aseguró que el procedimiento se aplica desde 2020 y no implica que los funcionarios hayan contratado con el Estado
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, salió al frente de las reacciones generadas por la suspensión de registros de proveedores vinculados a funcionarios públicos que se encuentran bajo un régimen de incompatibilidad, y aseguró que se trata de un procedimiento preventivo que la institución aplica de manera recurrente.
Pimentel explicó que este tipo de suspensiones se realiza de forma continua desde 2020, por lo que no constituye una medida nueva ni responde a una situación particular. Según precisó, la actuación forma parte de los mecanismos utilizados por la Dirección General de Contrataciones Públicas para garantizar el cumplimiento de las normas que regulan la contratación con el Estado.
El funcionario también se refirió a los cuestionamientos de legisladores y servidores públicos sobre la manera en que fueron difundidos estos casos. En ese sentido, señaló que la institución no emite notas de prensa para informar cada suspensión de registro, debido a que se trata de actos públicos que pueden ser consultados directamente por cualquier ciudadano a través de la plataforma oficial.
Uno de los puntos que Pimentel buscó aclarar es que la suspensión de un registro no significa que la persona haya contratado con el Estado, mantenido contratos públicos o recibido algún beneficio económico. La medida se adopta porque las empresas relacionadas con esos funcionarios están impedidas de participar en procesos de contratación estatal mientras se mantenga la condición de incompatibilidad.
La aclaración llega en medio de las reacciones generadas por la suspensión de registros de varias empresas vinculadas a funcionarios y legisladores. Pimentel insistió en que el procedimiento debe entenderse dentro del marco preventivo establecido por las normas de contratación pública y no como una acusación automática contra las personas involucradas.
El debate, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la transparencia y el acceso público a la información sobre proveedores del Estado, especialmente cuando se trata de empresas relacionadas con servidores públicos.