El director de Persecución de la Procuraduría General de la República (PGR), Wilson Camacho, calificó como un reconocimiento a la fortaleza de la investigación la decisión adoptada por el magistrado Rigoberto Sena en torno al caso Senasa 2.0-A.
Durante sus declaraciones, Camacho destacó varios aspectos relacionados con el proceso y aprovechó la ocasión para realizar un llamado a los profesionales de la medicina sobre el manejo de sus códigos utilizados para la prestación y facturación de servicios.
El funcionario exhortó a los médicos a no prestar sus códigos profesionales a terceros, al advertir que esta práctica puede generar consecuencias legales y eventualmente llevar a quienes los faciliten a enfrentar un proceso penal.
“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, afirmó Camacho al referirse a las lecciones que, a su juicio, deja el proceso judicial.
El director de Persecución sostuvo que 22 médicos fueron procesados en el caso y planteó que, si estos profesionales no hubieran prestado sus códigos, la investigación no se habría producido de la misma manera.
Camacho consideró que el proceso debe servir como una experiencia de la cual las instituciones y los profesionales involucrados puedan extraer enseñanzas para evitar que situaciones similares se repitan.
El funcionario también señaló que uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con el uso de códigos médicos y las operaciones que pueden realizarse mediante estas credenciales.
La advertencia busca llamar la atención de los médicos sobre la responsabilidad que implica permitir que otras personas utilicen sus códigos profesionales.
De acuerdo con Camacho, los profesionales deben tener presente que el préstamo de sus credenciales puede vincularlos a operaciones que posteriormente sean objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público.
El director de Persecución hizo estas declaraciones al referirse a la decisión tomada por el juez Rigoberto Sena dentro del proceso denominado Senasa 2.0-A.
Camacho sostuvo que la decisión judicial constituye un elemento que, desde la perspectiva del Ministerio Público, refleja la solidez de las investigaciones realizadas en torno al caso.
El proceso continúa dentro de las vías judiciales correspondientes, mientras las autoridades desarrollan las actuaciones vinculadas con las personas investigadas.
La advertencia dirigida a los médicos forma parte del llamado de las autoridades a fortalecer los controles sobre el uso de códigos profesionales y evitar que estos sean utilizados por terceros para realizar operaciones que puedan generar responsabilidades legales.
Camacho insistió en que el caso debe ser utilizado como una oportunidad para que los profesionales de la salud conozcan los riesgos asociados con el manejo de sus credenciales y adopten mayores medidas de protección.
Las responsabilidades individuales dentro del proceso deberán ser determinadas conforme al debido proceso y mediante las decisiones que correspondan a los tribunales.