La diputada Soraya Suárez Ariza consideró este viernes que los responsables de un eventual envío de municiones dominicanas a Haití deberían recibir la máxima sanción posible, al calificar esa acción como un acto de “traición a la patria”, siempre que los hechos sean comprobados y se identifique a los involucrados.
La legisladora pidió que se investigue y esclarezca el recorrido de los cartuchos, que presuntamente habrían salido de República Dominicana en 2022 con destino a Colombia y posteriormente habrían llegado a Haití. Según lo señalado, las municiones tendrían sellos del Ministerio de Defensa dominicano.
Suárez ofreció sus declaraciones durante el encuentro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde se refirió a la controversia en torno a la presencia de municiones identificadas como dominicanas en territorio haitiano.
“Cuando se compruebe esto de las municiones, que sea cierto, porque hay que comprobarlo, y quiénes están detrás de esto, yo los metía presos por vida, si fuera legal”, manifestó la congresista.
Con estas palabras, la diputada enfatizó la necesidad de establecer si efectivamente se produjo el traslado de las municiones en las condiciones señaladas y determinar quiénes serían responsables de una posible irregularidad.
La legisladora insistió en que el caso debe ser aclarado, especialmente por las implicaciones que podría tener para la seguridad nacional si se confirma que municiones procedentes del país terminaron en Haití después de pasar por un tercer destino.
El recorrido descrito plantea interrogantes sobre las circunstancias en que los cartuchos habrían salido de República Dominicana, su supuesto paso por Colombia y su posterior llegada a territorio haitiano. Sin embargo, estos señalamientos deben ser confirmados por las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las declaraciones de Suárez constituyen un llamado a esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. La eventual imposición de sanciones dependerá de lo que determinen las autoridades competentes y de las disposiciones legales aplicables.
La diputada reiteró su postura de que, si se comprueba la participación de personas en una operación de esta naturaleza, el caso debe recibir una respuesta firme por parte de la justicia.