El mandatario también alertó sobre amenazas contra jueces y magistrados, especialmente en zonas fronterizas, y defendió la independencia de la justicia
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció que la seguridad de su familia está en riesgo como consecuencia de las acciones emprendidas por su Gobierno contra el crimen organizado. Entre las operaciones mencionadas figuran las dirigidas contra el presunto narcotraficante Sebastián Marset, quien, según la información divulgada, fue capturado en marzo.
El mandatario hizo las declaraciones durante un encuentro con magistrados y jueces celebrado en La Paz, donde también advirtió sobre la situación de los funcionarios judiciales que enfrentan amenazas de grupos criminales. Según señaló, los riesgos afectan especialmente a quienes desempeñan sus funciones en zonas fronterizas, donde las organizaciones delictivas representan un desafío para las autoridades.
Durante su intervención, Paz insistió en que el crimen organizado no puede tener influencia sobre las decisiones de la justicia boliviana. Su planteamiento se centró en la necesidad de preservar la independencia de los órganos judiciales y evitar que las amenazas o presiones de grupos criminales condicionen el trabajo de jueces y magistrados.
La denuncia del presidente coloca la seguridad de las autoridades y sus familiares entre las preocupaciones asociadas a la lucha contra las redes delictivas. Paz afirmó que las medidas adoptadas por su administración contra el crimen organizado han generado riesgos para su entorno familiar, aunque la información suministrada no detalla la naturaleza específica de las amenazas ni identifica a sus presuntos responsables.
El mandatario también llamó la atención sobre las condiciones que enfrentan los integrantes del sistema judicial, en particular en territorios fronterizos. La advertencia apunta a los desafíos que pueden surgir cuando los funcionarios deben ejercer sus responsabilidades en entornos donde operan organizaciones criminales.
Las declaraciones se producen en el marco de los esfuerzos del Gobierno boliviano para combatir el crimen organizado. La referencia al caso de Sebastián Marset sitúa esas acciones dentro del contexto de las operaciones contra personas señaladas por presuntos vínculos con actividades delictivas. La condición de presunto narcotraficante debe distinguirse de una determinación judicial de culpabilidad.
Paz reiteró que las decisiones de la justicia deben mantenerse al margen de cualquier presión criminal. Con ese mensaje, el presidente defendió la necesidad de que los jueces y magistrados puedan ejercer sus funciones sin intimidaciones y de que las autoridades continúen enfrentando las amenazas contra las instituciones del Estado.
La información disponible no incluye detalles adicionales sobre las medidas de protección adoptadas para el presidente, su familia o los funcionarios judiciales mencionados.