Santo Domingo.– Un total de 25 personas fueron señaladas por el Ministerio Público como presuntos integrantes de una estructura investigada en la nueva fase del caso SeNaSa 2.0-A, relacionada con supuestas maniobras fraudulentas para obtener recursos del Seguro Nacional de Salud.
La mayoría de los imputados son médicos y profesionales vinculados al sector salud, aunque también figuran personas relacionadas con la administración y los procesos internos de SeNaSa. El Ministerio Público sostiene que la estructura habría utilizado diferentes mecanismos para generar reclamaciones y autorizaciones médicas que posteriormente permitían obtener pagos de la ARS estatal.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el expediente tiene 525 páginas y describe operaciones que, según los investigadores, superarían los RD$40 millones en esta nueva fase de la investigación.
Entre las prácticas que el órgano persecutor atribuye a los imputados se encuentran la supuesta facturación de servicios médicos que los afiliados no habrían recibido, la utilización de datos de asegurados con bajo uso de sus coberturas, la emisión de autorizaciones mediante llamadas al centro de atención de SeNaSa y la utilización de nombres falsos.
El expediente también recoge señalamientos relacionados con la falsificación de firmas, omisión de información en registros médicos y presentación de reclamaciones fuera de los plazos establecidos, acciones que, según la acusación, habrían permitido obtener pagos de manera irregular.
Entre los nombres incluidos en el proceso aparecen Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet y Hanna Rashell Rodríguez Almánzar.
También figuran Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Martha María Saldaña Saldaña.
Completan la lista Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Uno de los señalados es Angeury Guzmán Vásquez, cuyo nombre aparece de manera recurrente en el expediente. Según la acusación, estaría relacionado con números telefónicos desde los cuales se realizaban solicitudes de autorizaciones de servicios médicos que posteriormente no eran reconocidas por algunos afiliados.
El expediente también menciona a Heidy Coronado Paulino, quien trabajó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa. De acuerdo con la investigación, habría tenido conocimiento de los procedimientos utilizados para tramitar determinadas reclamaciones.
Otro de los imputados es el ginecólogo y obstetra Juan Henry Poueriet, a quien el Ministerio Público atribuye la presentación de autorizaciones y expedientes médicos que supuestamente utilizaban datos y firmas de afiliados que negaron haber recibido los servicios registrados.
Asimismo, la investigación incluye a la cirujana general Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, a quien se atribuyen reclamaciones por consultas y procedimientos que algunos afiliados contactados durante la investigación dijeron no reconocer.
La ortopeda traumatóloga Martha María Saldaña Saldaña también aparece entre los acusados. El expediente señala que habría presentado reclamaciones por servicios que algunos afiliados aseguraron no haber recibido y menciona transacciones financieras con personas vinculadas a otros investigados.
Otra de las profesionales señaladas es la cirujana general Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, a quien se atribuyen reclamaciones que, según auditorías citadas en el expediente, presentaban inconsistencias relacionadas con firmas y datos de afiliados.
La nueva fase del caso incluyó 37 allanamientos realizados en distintas localidades, entre ellas el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. Durante los operativos fueron ocupados bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego, según informaron las autoridades.
El Ministerio Público solicitó al tribunal 18 meses de prisión preventiva para los 25 imputados y pidió que el proceso sea declarado complejo debido a la cantidad de personas involucradas, la pluralidad de hechos investigados y la magnitud de las pesquisas.
La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue fijada para el lunes a las 2:00 de la tarde, ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Las acusaciones forman parte de una investigación en curso. Por tratarse de imputaciones todavía sometidas al conocimiento de los tribunales, las personas señaladas conservan su presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.