La Ley 58/2026 entró en vigor este miércoles y contempla excepciones por motivos de salud, trabajo, seguridad, clima y actividades artísticas, entre otros
Portugal comenzó a aplicar este miércoles una nueva legislación que restringe la ocultación del rostro en espacios públicos. La norma, conocida popularmente como “ley del burka”, establece multas de hasta 3,000 euros para quienes incumplan intencionalmente la disposición.
La Ley 58/2026 no hace referencia directa al burka, al niqab ni a una religión determinada. Su texto establece de manera general la prohibición de utilizar prendas destinadas a ocultar u obstaculizar la exhibición del rostro, con el objetivo establecido en la legislación de regular aspectos relacionados con la identificación y seguridad en espacios públicos.
La medida se aplica a las vías públicas, lugares abiertos al público, espacios destinados a servicios públicos y establecimientos donde se ofrecen servicios generalmente accesibles a los ciudadanos. También se extiende a eventos, actividades deportivas y manifestaciones.
El régimen de sanciones establece multas de 150 a 750 euros cuando la infracción se produce por negligencia. En los casos en que exista dolo o intencionalidad, la sanción puede oscilar entre 400 y 3,000 euros. La fiscalización corresponde a las fuerzas de seguridad, mientras que los ayuntamientos tramitan los expedientes y aplican las multas correspondientes.
La legislación contempla varias excepciones. Cubrirse el rostro continúa permitido cuando existen razones de salud, motivos profesionales, actividades artísticas, entretenimiento o publicidad. También se contemplan circunstancias relacionadas con la seguridad y las condiciones climáticas. La prohibición tampoco se aplica dentro de aeronaves, instalaciones diplomáticas y consulares, ni en lugares de culto u otros espacios sagrados.
La norma además establece sanciones para quienes obliguen a otra persona a ocultar su rostro mediante amenazas, violencia, coacción, abuso de autoridad o de poder. En estos casos, la pena puede llegar a dos años de prisión o una multa de hasta 240 días, y aumenta cuando la víctima es menor de edad.
La ley fue aprobada por el Parlamento portugués el 17 de julio y promulgada por el presidente António José Seguro el 18 de agosto. Entró en vigor 30 días después de su publicación oficial.
La entrada en vigor de esta legislación abre una nueva etapa en el debate portugués sobre seguridad, identificación y libertad individual en los espacios públicos.