miércoles, septiembre 2

Políticos dominicanos, señalados por fraude con ayudas COVID-19

Brian De Peña y Francisco Paulino enfrentan acusaciones relacionadas con el supuesto uso irregular de recursos destinados a pequeñas empresas afectadas por la pandemia

Dos políticos de origen dominicano en Massachusetts enfrentan investigaciones federales por presuntamente utilizar de manera irregular fondos de programas de ayuda económica creados durante la pandemia del COVID-19. Se trata del alcalde de Lawrence, Brian De Peña, y el representante estatal Francisco Paulino.

En el caso de De Peña, las autoridades sostienen que habría obtenido inicialmente un préstamo de US$150,000 en 2020para una empresa de su propiedad. Posteriormente, el monto habría sido modificado hasta alcanzar aproximadamente US$1.65 millones. El expediente también señala presuntas irregularidades relacionadas con el uso de esos recursos.

De acuerdo con las acusaciones, parte del dinero obtenido por De Peña habría sido utilizado para cubrir obligaciones personales, incluyendo deudas tributarias y préstamos hipotecarios vinculados con propiedades. El alcalde fue arrestado y posteriormente quedó en libertad bajo condiciones establecidas por el tribunal mientras avanza el proceso judicial.

Por otro lado, el representante estatal Francisco Paulino fue arrestado y enfrenta acusaciones relacionadas con aproximadamente US$700,000 en fondos de ayuda. Las autoridades sostienen que habría destinado parte del dinero a la compra de bienes raíces, pagos de préstamos y transferencias hacia una cuenta de campaña.

La investigación también plantea que Paulino habría prestado parte de los recursos obtenidos a una tasa de interés elevada, generando presuntamente beneficios económicos para él. El legislador se declaró no culpable de los cargos y el caso continuará ante un tribunal federal de Boston.

Los procesos forman parte de investigaciones federales sobre el presunto uso fraudulento de programas de asistencia implementados durante la pandemia. Las acusaciones deberán ser demostradas ante los tribunales y ambos funcionarios mantienen sus derechos al debido proceso mientras avanzan los casos.

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