
El acuerdo con Evelyn Torres Nova puso fin al litigio iniciado tras su destitución en 2018 por supuestas faltas disciplinarias
El Consejo del Poder Judicial (CPJ) acordó reintegrar a la jueza Evelyn Torres Nova y pagarle RD$15,658,400.03 por concepto de salarios y beneficios dejados de percibir durante el período en que permaneció fuera de sus funciones. El acuerdo quedó registrado en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.
Torres Nova había sido destituida en agosto de 2018 por supuestas faltas disciplinarias relacionadas con su actuación como magistrada y sus vínculos con el abogado Abel Rodríguez del Orbe. El Consejo sostuvo en ese momento que la jueza había recibido al jurista mientras tenía pendiente de fallo un proceso en el que este intervenía.
Sin embargo, la jueza llevó el caso ante el Tribunal Superior Administrativo. En junio de 2022, ese tribunal revocó las decisiones del Consejo y ordenó su reintegro o reubicación bajo las mismas condiciones, además del pago de los salarios y beneficios que había dejado de percibir.
La decisión fue recurrida ante la Suprema Corte de Justicia, pero su Tercera Sala concluyó que las pruebas examinadas no demostraban la supuesta promesa de ascenso ni que el abogado hubiera entregado instrucciones a la magistrada para decidir un expediente. También señaló que una relación de amistad con un abogado no implica automáticamente la pérdida de imparcialidad de una jueza.
El 29 de septiembre de 2023, la Suprema Corte mantuvo la decisión de reintegrarla y pagarle los montos correspondientes. Posteriormente, el Consejo del Poder Judicial autorizó la negociación de un acuerdo con Torres Nova, que fue firmado en enero de 2024.
Según el convenio, la jueza sería reintegrada en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel y recibiría los RD$15,658,400.03 correspondientes a salarios y beneficios dejados de percibir.
Finalmente, mediante la sentencia TC/0892/26, del 8 de septiembre de 2026, el Tribunal Constitucional dejó constancia del desistimiento presentado por el Consejo del Poder Judicial y ordenó el archivo definitivo del expediente. El tribunal no volvió a examinar las acusaciones originales contra la magistrada.
