La titular de la Pepca señaló que las autorizaciones habrían sido facturadas y cobradas dentro de un supuesto esquema que involucraba a exempleados de SeNaSa y médicos
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que el Ministerio Público identificó autorizaciones médicas facturadas y cobradas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por procedimientos que presuntamente nunca fueron realizados.
Las declaraciones fueron ofrecidas luego de que fuera aplazada para este miércoles 23 de septiembre la audiencia para conocer las medidas de coerción contra los imputados de la Operación Cobra 2.0-A. El aplazamiento se produjo a solicitud de las defensas, que pidieron tiempo para revisar las pruebas depositadas por el Ministerio Público.
Ortiz explicó que la investigación apunta a un supuesto esquema organizado desde SeNaSa, en el que habrían participado exempleados de la institución y médicos con códigos asignados para tramitar autorizaciones y posteriormente facturar los servicios.
Según el expediente citado por el Ministerio Público, la investigación incluye miles de autorizaciones consideradas irregulares. Diario Libre reportó que se identificaron 4,363 autorizaciones por un monto de RD$41.1 millones, relacionadas con consultas y procedimientos que, según los investigadores, los afiliados no solicitaron o no recibieron.
La Fiscalía sostiene además que algunos documentos habrían sido elaborados utilizando datos reales de afiliados, junto con firmas y códigos de prestadores, para dar apariencia de legalidad a las reclamaciones. Estos señalamientos forman parte de la investigación y deberán ser examinados durante el proceso judicial. Diario Libre
La audiencia continuará este miércoles, mientras el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo y que se impongan 18 meses de prisión preventiva a los imputados. Las acusaciones corresponden a la tesis del órgano persecutor y deberán ser debatidas ante los tribunales.