Entre los imputados figuran exempleados de SeNaSa, médicos y particulares vinculados,
SANTO DOMINGO. — El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra 25 personas arrestadas durante la denominada Operación SeNaSa 2.0-A, investigación en la que el órgano acusador persigue una presunta red que habría defraudado fondos públicos mediante la facturación de servicios médicos que no habrían sido realizados.
Entre los arrestados figuran exempleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y particulares, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El expediente, compuesto por 525 páginas, fue depositado antes de la medianoche ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. La solicitud busca que el tribunal imponga prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial y continúan las investigaciones sobre las operaciones que las autoridades atribuyen a los imputados.
Investigación sobre fondos públicos
Según la acusación presentada por el órgano persecutor, los investigados estarían vinculados a una estructura que habría utilizado mecanismos de facturación para registrar servicios médicos que, de acuerdo con las pesquisas, no fueron efectivamente realizados.
La investigación forma parte de la Operación SeNaSa 2.0-A, mediante la cual el Ministerio Público procura determinar cómo se habrían ejecutado las operaciones y quiénes habrían participado en ellas.
La solicitud fue depositada por Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ahora corresponde al Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocer los argumentos del Ministerio Público y de las defensas y decidir las medidas de coerción que correspondan conforme al proceso judicial.
Las imputaciones forman parte de una investigación en curso y deberán ser sustentadas ante los tribunales. La solicitud de prisión preventiva y la inclusión de una persona en el expediente no constituyen una condena, por lo que la responsabilidad penal deberá determinarse mediante las decisiones judiciales correspondientes.