Santo Domingo.– El Ministerio Público aseguró este lunes que se encuentra preparado para iniciar la presentación de la acusación y los elementos de prueba en la audiencia preliminar del proceso judicial denominado Operación Lobo, relacionado con una presunta red que habría distribuido más de RD$108 millones en sobornos con el propósito de obtener y mantener contratos de seguridad privada en diferentes instituciones públicas del país.
La audiencia preliminar es conocida por el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, donde comparecen los acusados de formar parte de la estructura investigada por las autoridades.
Entre los principales imputados se encuentra Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), quien figura como una de las personas señaladas en el expediente presentado por el órgano persecutor.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los pagos bajo investigación habrían sido destinados a funcionarios y responsables de seguridad institucional para favorecer la contratación, continuidad y ejecución de servicios de seguridad privada en diferentes entidades estatales.
El expediente establece que el monto atribuido a los presuntos sobornos asciende a RD$108,080,359.92, recursos que, según la acusación, habrían sido entregados mediante distintas modalidades, incluyendo transferencias bancarias y dinero en efectivo.
La acusación formal fue depositada en julio ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, junto con una solicitud de apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas vinculadas al caso. El Ministerio Público pidió entonces que fueran admitidos el expediente y los elementos de prueba recopilados durante la investigación.
Además de Rodríguez González, entre los acusados figuran exfuncionarios y responsables de seguridad de instituciones como Edesur, EdeEste, Edenorte, Inaipi y SeNaSa, según la acusación presentada por el Ministerio Público.
Las empresas Servicios Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company S.A. y Magesty Recycling S.R.L. también forman parte del expediente judicial.
Según el órgano acusador, la investigación identificó un esquema mediante el cual se habrían realizado pagos ilícitos para garantizar la adjudicación y permanencia de contratos públicos de seguridad privada.
El caso es resultado de las investigaciones desarrolladas en el marco de la Operación Lobo, ejecutada por las autoridades en julio de 2025. Posteriormente, el Ministerio Público avanzó con la presentación de la acusación formal y la solicitud de apertura a juicio.
Los imputados enfrentan acusaciones relacionadas con presuntos delitos como soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, de acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público.
Con el inicio de la audiencia preliminar, corresponderá al tribunal conocer los argumentos del órgano persecutor, así como los elementos probatorios que sustentan la acusación, además de las posiciones de las defensas.
La etapa preliminar tiene como uno de sus objetivos determinar cuáles acusaciones y pruebas cumplen con las condiciones necesarias para que el proceso pueda avanzar hacia un eventual juicio de fondo.
El Ministerio Público sostiene que cuenta con los elementos necesarios para presentar su teoría del caso ante el tribunal, mientras que los acusados mantienen su derecho a defenderse y a que cualquier responsabilidad penal sea establecida mediante una decisión judicial.
La audiencia se desarrolla en un momento clave para el proceso, luego de que la Fiscalía depositara formalmente la acusación y solicitara que los imputados fueran enviados a juicio.
El desarrollo de la audiencia permitirá conocer con mayor detalle los elementos que el Ministerio Público atribuye a cada uno de los acusados y determinar cuáles de esas imputaciones serán admitidas para continuar el proceso judicial.
Hasta que exista una sentencia definitiva, las personas sometidas al proceso conservan su presunción de inocencia y será responsabilidad de los tribunales determinar las eventuales responsabilidades individuales.