Santo Domingo.– El Ministerio Público desarrolla desde la madrugada de este jueves una nueva jornada de allanamientos simultáneos como parte de la segunda fase de la investigación denominada SeNaSa 2.0, con la finalidad de ampliar las pesquisas y recopilar nuevas evidencias relacionadas con el caso.
Las actuaciones forman parte de las indagatorias que mantienen abiertas las autoridades para determinar la posible participación de nuevas personas y estructuras en las operaciones que son objeto de investigación.
De acuerdo con reportes publicados este jueves, los operativos se concentran en residencias y consultorios de más de 25 profesionales de la salud que son señalados como presuntamente vinculados a la investigación. Las autoridades buscan documentos, registros contables y dispositivos electrónicos que puedan aportar información sobre las operaciones bajo pesquisa.
Esta nueva fase representa una ampliación del alcance de las investigaciones, que ahora procura establecer si existen otros actores relacionados con las operaciones bajo análisis y determinar el nivel de participación que pudiera corresponder a cada persona o estructura.
Entre los aspectos que estarían siendo examinados figuran presuntas reclamaciones irregulares, posibles facturaciones ilícitas y movimientos de recursos vinculados a coberturas del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), según los datos preliminares difundidos sobre los operativos.
El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones y deberá analizar las evidencias que sean recopiladas durante los allanamientos antes de establecer eventuales responsabilidades.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un balance oficial definitivo sobre la cantidad de personas detenidas ni sobre las evidencias ocupadas durante los procedimientos de este jueves.
La nueva jornada de allanamientos se produce mientras las autoridades continúan profundizando las pesquisas para determinar el alcance de las operaciones investigadas y establecer si existen nuevas personas o estructuras que pudieran tener algún nivel de participación.
Como ocurre en cualquier investigación penal en curso, las personas que pudieran ser señaladas deberán responder conforme al debido proceso y su eventual responsabilidad tendrá que ser determinada por las autoridades competentes.