“¿¡Ley Mordaza!?”

El autor sostiene que en la República Dominicana no existe una “ley mordaza”, sino un conjunto de normas legales que desde hace décadas regulan los delitos de difamación e injuria. Menciona como base jurídica el Código Penal, el Decreto-Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Afirma que el término “ley mordaza” ha sido popularizado mediante consignas y expresiones repetidas por comunicadores y medios de comunicación, lo que, a su juicio, ha distorsionado el debate público y llevado a muchas personas a creer que se pretende restringir la libertad de expresión.

El exdiputado argumenta que la libertad de expresión no debe confundirse con el libertinaje y que toda persona tiene derecho a opinar, siempre que lo haga dentro del marco de la ley y sin afectar la honra o reputación de terceros mediante acusaciones sin pruebas.

Asimismo, considera que las leyes vigentes buscan proteger a los ciudadanos de la desinformación, la difamación, la injuria y la extorsión que, según plantea, algunos individuos realizan a través de redes sociales y plataformas digitales.

El autor sostiene que estas disposiciones legales no están dirigidas contra el ciudadano común ni contra quienes ejercen un periodismo responsable, sino contra quienes utilizan la comunicación para difundir información falsa, chantajear o extorsionar a funcionarios y particulares.

También expresa preocupación por el deterioro del debate público y advierte que la normalización de la desinformación y el descrédito constante de las instituciones podría debilitar la democracia y abrir espacio a formas de autoritarismo.

Finalmente, concluye que fortalecer el respeto a las leyes y a las instituciones es necesario para preservar la democracia, reiterando que, en su opinión, el verdadero riesgo no es la existencia de una “ley mordaza”, sino el uso irresponsable de la libertad de expresión para difamar o desinformar.