La presidenta presentó nuevos lineamientos para reforzar la autoridad de docentes y directores, con sanciones que dependerán de la gravedad de las infracciones
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció nuevos lineamientos para fortalecer la disciplina en los centros educativos y recuperar la autoridad de maestros y directores frente a situaciones de violencia e indisciplina estudiantil. La propuesta contempla reinstaurar las expulsiones para alumnos que cometan faltas graves o muy graves.
Durante la presentación de las medidas, realizada el 12 de octubre, Fujimori sostuvo que las instituciones educativas deben garantizar un entorno seguro para el aprendizaje y evitar que las agresiones entre estudiantes afecten a la comunidad escolar. También afirmó que los docentes deben contar con facultades para corregir, orientar y evaluar la conducta de sus alumnos.
Los lineamientos establecen una clasificación de faltas leves, graves y muy graves, con sanciones proporcionales a cada situación. Entre las conductas que podrían motivar medidas severas figuran el acoso escolar, la violencia sexual, la extorsión, el porte de armas y otras acciones que pongan en riesgo la integridad de los estudiantes.
La propuesta también contempla recuperar las calificaciones de conducta y establecer procedimientos para aplicar amonestaciones, suspensiones, matrícula condicional y separación definitiva, según corresponda. Asimismo, se prevén mecanismos para que los estudiantes que sean separados de sus centros puedan continuar su formación educativa.
Además de las sanciones disciplinarias, el Gobierno peruano incluyó disposiciones sobre la presentación personal de los escolares y las restricciones al uso de celulares en las aulas. Estas medidas han abierto el debate sobre el alcance de las normas escolares y su impacto en la convivencia y la formación de los estudiantes.
Los nuevos lineamientos buscan establecer reglas más estrictas en las instituciones educativas peruanas. Según la información oficial, su aplicación deberá considerar la gravedad de las faltas y las circunstancias de cada caso, con el objetivo de proteger a la comunidad educativa y garantizar la continuidad de los estudios.