Ocho personas cumplirán 18 meses de prisión preventiva, nueve tendrán arresto domiciliario y el proceso fue declarado complejo por el tribunal
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dio a conocer la noche de este domingo las medidas de coerción contra los imputados en el caso SeNaSa 2.0, luego de varios días de audiencia en los que el Ministerio Público y los abogados de la defensa presentaron sus argumentos.
El tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los 26 imputados y declaró complejo el proceso relacionado con la investigación por un presunto entramado de fraude contra el Seguro Nacional de Salud. Cuatro de los procesados cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que cuatro mujeres serán trasladadas a Najayo Mujeres.
Además, nueve imputados deberán cumplir arresto domiciliario, entre ellos Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borrome Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo y Víctor Felipe Rodríguez García.
El juez también estableció garantía económica para seis procesados, mientras que otros quedaron sujetos a medidas como impedimento de salida del país y presentación periódica. En total, la decisión alcanzó a 24 de los 26 imputados, mientras otros dos quedaron fuera de estas medidas según los reportes sobre el fallo.
El caso está relacionado con una investigación del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades cometidas contra SeNaSa. Según la acusación, entre las maniobras investigadas figuran autorizaciones médicas y procedimientos que habrían sido facturados y cobrados a la institución pese a no haber sido realizados. El expediente involucra a 26 personas, entre ellas 22 médicos.
Durante el proceso, el Ministerio Público había solicitado inicialmente 18 meses de prisión preventiva para los imputados y que el expediente fuera declarado complejo. Posteriormente, solicitó arresto domiciliario para nueve personas tras señalar que estas habían admitido los hechos atribuidos y mostrado disposición de colaborar con la investigación.
Con la decisión del tribunal, el proceso entra en una nueva etapa judicial. Los imputados deberán cumplir las medidas establecidas mientras continúan las investigaciones y se desarrolla el proceso correspondiente, bajo el principio de presunción de inocencia.