La solicitud busca que el caso pase de homicidio involuntario a homicidio por dolo eventual, una calificación que podría implicar penas más severas
El juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, dará a conocer este viernes su decisión sobre la solicitud de modificar la calificación jurídica del proceso seguido contra los propietarios de la discoteca Jet Set, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.
La petición fue presentada por la mayoría de los querellantes, quienes procuran que la calificación penal de homicidio involuntario sea sustituida por la de homicidio por dolo eventual. La decisión del magistrado determinará si procede ese cambio dentro del proceso judicial.
La discusión sobre la calificación jurídica constituye un punto relevante del caso, debido a las diferencias entre las consecuencias penales que pueden derivarse de cada figura. Mientras el homicidio involuntario está asociado a una sanción menor, el homicidio por dolo eventual podría conllevar una pena de hasta 20 años de prisión, según la información suministrada sobre el proceso.
La solicitud de los querellantes busca que los hechos atribuidos a los hermanos Espaillat sean evaluados bajo una calificación penal distinta de la que se mantiene actualmente. Sin embargo, la petición no implica por sí misma que el cambio haya sido aceptado ni que exista una condena contra los propietarios de la discoteca.
La decisión que se espera este viernes se limitará a determinar si se modifica o no la calificación jurídica dentro del proceso. A partir de lo que resuelva el juez, el caso continuará bajo la calificación que corresponda, sin que esa determinación equivalga por sí sola a una sentencia definitiva sobre la responsabilidad penal de los imputados.
La atención está puesta en el pronunciamiento de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, ante la posibilidad de que se produzca un cambio que altere el marco de las sanciones penales aplicables en el caso.
La información suministrada señala que el homicidio por dolo eventual podría conllevar hasta 20 años de prisión. No obstante, la pena concreta dependería del desarrollo del proceso y de las decisiones judiciales correspondientes, en caso de que se establezca responsabilidad penal.