La Junta Central Electoral (JCE) suspendió de manera provisional la aplicación del artículo 13 de la Resolución 14-2026, disposición que prohibía la publicación y difusión de encuestas y sondeos de opinión con fines electorales fuera de los períodos oficiales de precampaña y campaña. La decisión fue adoptada por el Pleno del organismo electoral tras la presentación de una acción judicial que cuestiona la legalidad de esa medida y mientras el Tribunal Superior Electoral (TSE) conoce el fondo del proceso.
El reglamento, aprobado en mayo de este año, establecía que únicamente las firmas encuestadoras registradas ante la JCE podían realizar estudios electorales y prohibía la difusión de mediciones antes del inicio formal de la precampaña, previsto para julio de 2027. Además, contemplaba sanciones que iban desde la suspensión temporal del registro hasta su cancelación definitiva para las empresas que incumplieran la normativa.
La suspensión responde a las impugnaciones presentadas por distintos sectores, que argumentan que la prohibición podría vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y el debate democrático. Los accionantes sostienen que la JCE excedió las facultades que le confiere la legislación electoral al imponer restricciones que, según afirman, no están contempladas expresamente en la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral.
Con esta decisión, la aplicación de la controvertida disposición queda en pausa hasta que el Tribunal Superior Electoral emita una decisión definitiva sobre el recurso. Mientras tanto, continúa el debate entre quienes consideran necesaria una regulación para garantizar la equidad del proceso electoral y quienes defienden que las restricciones afectan el libre flujo de información y la transparencia del debate público.