El Ministerio Público cambió su postura y considera que la Audiencia Nacional puede conocer el caso, que ahora queda a la espera de una decisión judicial
El Ministerio Público comunicó esta posición en un informe remitido al juez Antonio Piña, encargado de examinar el expediente. Ahora corresponde al magistrado decidir si admite a trámite la querella y dispone la apertura de una investigación formal.
El pronunciamiento supone un cambio de criterio respecto a enero de 2026, cuando la Fiscalía archivó una denuncia inicial al considerar que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para investigar los hechos. En aquella ocasión, el organismo argumentó que no se cumplían los requisitos legales para asumir un caso ocurrido fuera de España.
Posteriormente, las dos exempleadas presentaron una querella directamente ante la Audiencia Nacional. Según las denuncias recogidas en investigaciones periodísticas, las mujeres, una antigua empleada doméstica y una fisioterapeuta, alegan haber sufrido agresiones sexuales, humillaciones y condiciones laborales abusivas mientras trabajaban en las residencias del cantante en el Caribe. Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones y deberán ser examinadas por las autoridades judiciales.
El caso también incluye señalamientos relacionados con presunta trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. La competencia de los tribunales españoles constituye uno de los puntos centrales que deberá evaluar el juez antes de determinar si procede avanzar con las diligencias.
Julio Iglesias ha negado las acusaciones. Por el momento, el respaldo de la Fiscalía a la competencia de la Audiencia Nacional no implica que se haya determinado la culpabilidad del cantante ni que la investigación formal haya sido ordenada: la decisión queda en manos del juez instructor.