La organización sostiene que un reglamento electoral no debería crear infracciones o sanciones que no estén previstas en la legislación
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) cuestionó el alcance de la potestad sancionadora de la Junta Central Electoral (JCE) en materia de encuestas electorales y advirtió que sus actuaciones deben mantenerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
El pronunciamiento se produce a raíz del procedimiento administrativo sancionador iniciado por la JCE contra la firma ACD Media, luego de que el organismo electoral señalara la publicación de dos encuestas con fines electorales fuera del período establecido en su nuevo reglamento. Los estudios fueron difundidos el 1 de junio y el 13 de julio.
Según Finjus, la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece restricciones para la publicación de encuestas durante los ocho días anteriores a las votaciones, pero permite su difusión fuera de ese período bajo determinadas condiciones. La organización cuestiona que el reglamento de la JCE haya incorporado una prohibición adicional y contemple sanciones como la suspensión del registro de una firma encuestadora durante seis meses a un año.
La entidad sostiene que la potestad reglamentaria de la JCE puede desarrollar las disposiciones establecidas por la legislación, pero no debería utilizarse para ampliar infracciones ni crear sanciones que no hayan sido establecidas por el Congreso. También plantea que cualquier responsabilidad debe determinarse de manera individual, demostrando la participación concreta de la persona o entidad involucrada.
Finjus reconoce que la JCE tiene facultades para proteger la transparencia, la equidad y la integridad de los procesos electorales. Sin embargo, considera que el ejercicio de esas competencias debe respetar principios como la legalidad, tipicidad, responsabilidad, debido proceso y seguridad jurídica.
El caso forma parte de un debate más amplio sobre el nuevo reglamento de encuestas de la JCE, cuya legalidad y constitucionalidad también han sido cuestionadas ante los tribunales. La controversia podría tener implicaciones para la forma en que se regulan las mediciones de opinión de cara al proceso electoral de 2028.