El periodista plantea cuestionamientos sobre la utilización de la prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial por las presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud
El periodista Esteban Delgado cuestionó la utilización de la prisión preventiva dentro del proceso judicial relacionado con las presuntas irregularidades detectadas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), planteamiento que vuelve a colocar en el centro de la discusión pública el uso de esta medida cautelar en casos de alta relevancia nacional.
El caso SeNaSa involucra al exdirector ejecutivo de la institución, Santiago Hazim, y a otros imputados, contra quienes el Ministerio Público presentó acusaciones relacionadas con un presunto esquema de corrupción, desfalco y lavado de activos. Según las investigaciones, las supuestas operaciones habrían generado un importante impacto económico en la entidad estatal.
En diciembre de 2025, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso 18 meses de prisión preventiva a Hazim y otros seis implicados, además de declarar el proceso como complejo. La decisión fue adoptada luego de varias jornadas de conocimiento de las medidas de coerción.
El cuestionamiento de Delgado se produce dentro de un debate jurídico más amplio sobre la naturaleza de la prisión preventiva. Esta medida no constituye una condena, sino una herramienta cautelar destinada a garantizar que el imputado permanezca vinculado al proceso y evitar riesgos como la fuga o la obstrucción de la investigación.
El proceso judicial continúa mientras el Ministerio Público sostiene sus acusaciones y las defensas de los imputados ejercen los recursos correspondientes. Entre los aspectos investigados figuran presuntas irregularidades financieras, contratos cuestionados y operaciones que, de acuerdo con la acusación, habrían afectado los recursos de SeNaSa.
Las declaraciones de Delgado vuelven a poner sobre la mesa una discusión que trasciende el caso particular: ¿cuándo está justificada la prisión preventiva y cuándo puede convertirse en una forma anticipada de castigo? La respuesta corresponde a los tribunales, dentro de las garantías establecidas por la legislación dominicana.
Mientras el proceso avanza, el caso SeNaSa continúa bajo la atención pública y mantiene abierto el debate sobre justicia, transparencia y el manejo de los recursos destinados a la salud de los dominicanos.