Santo Domingo.– Empresas vinculadas a varios senadores dominicanos recibieron contratos con instituciones del Estado mientras estos se encontraban ejerciendo sus funciones en el Congreso Nacional, de acuerdo con un rastreo realizado en el Portal Transaccional de Contrataciones Públicas.
La situación se conoce en momentos en que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha reforzado las medidas destinadas a impedir que legisladores puedan mantener simultáneamente la condición de funcionarios electos y proveedores del Estado.
Como parte de estas acciones, la DGCP emitió el Acto Administrativo DGCP44-2026, mediante el cual dispuso la inhabilitación de oficio de 11 Registros de Proveedores del Estado (RPE) relacionados con 10 senadores activos.
La medida se fundamenta en el nuevo régimen establecido por la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento 52-26, normativa que establece nuevas disposiciones sobre las condiciones que deben cumplir quienes participan como proveedores en los procesos de contratación pública.
Entre los senadores alcanzados por la medida figuran Casimiro Marte Familia, Gustavo Lara Salazar, Ginnette Bournigal, Santiago José Zorrilla, Jonhson Encarnación Díaz, Carlos Manuel Gómez Ureña, Daniel Rivera Reyes, Bernardo Alemán Rodríguez y Alexis Victoria Yeb.
También aparece Moisés Ayala Pérez, cuyo caso presenta antecedentes particulares vinculados con la empresa Eco Petróleo Dominicana.
El rastreo realizado en el Portal Transaccional muestra que compañías relacionadas con algunos de estos legisladores habían participado en procesos de contratación pública mientras sus propietarios o personas vinculadas a ellas ejercían funciones legislativas.
La situación plantea cuestionamientos sobre la separación entre el ejercicio de una función pública y la participación empresarial en procesos de contratación con el Estado, particularmente cuando se trata de funcionarios que tienen capacidad de legislar y fiscalizar las actuaciones de las instituciones públicas.
La nueva normativa busca precisamente establecer mayores controles para evitar posibles conflictos de intereses y garantizar que los procesos de contratación pública se desarrollen bajo condiciones de transparencia, igualdad y competencia.
La inhabilitación de los registros no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad penal sobre los legisladores involucrados ni determina que todos los contratos señalados hayan sido obtenidos de manera irregular. Se trata de una medida administrativa adoptada dentro del nuevo marco regulatorio de las contrataciones públicas.
La DGCP ha venido aplicando las nuevas disposiciones con el objetivo de depurar el Registro de Proveedores del Estado y evitar que personas que se encuentran impedidas por ley continúen participando en procesos de compras y contrataciones públicas.
El tema adquiere especial relevancia debido a que los senadores, además de ejercer funciones legislativas, tienen entre sus responsabilidades la fiscalización de las actuaciones de las instituciones del Estado.
La coexistencia de una función legislativa con intereses empresariales vinculados a contrataciones públicas puede generar cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses, por lo que las nuevas disposiciones buscan establecer límites más claros.
En los casos señalados, corresponderá a las autoridades competentes determinar las circunstancias específicas de cada contratación, las fechas en que fueron realizados los procesos y si existió algún incumplimiento de las disposiciones legales vigentes en cada momento.
El endurecimiento de los controles representa un cambio dentro del sistema dominicano de compras públicas, que busca fortalecer los mecanismos de prevención y garantizar una mayor transparencia en el uso de los recursos del Estado.
La aplicación del nuevo régimen también coloca bajo mayor escrutinio a funcionarios, empresas y proveedores que mantienen vínculos con personas que ocupan cargos públicos.
El debate sobre los posibles conflictos de intereses continuará mientras las autoridades revisan los registros y determinan cuáles proveedores cumplen con las nuevas condiciones establecidas por la legislación.
La DGCP deberá continuar verificando los registros de proveedores y aplicando las disposiciones correspondientes cuando identifique personas o empresas que se encuentren dentro de las prohibiciones establecidas por la nueva Ley de Contrataciones Públicas.