La medida alcanza a personas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y es presentada por Washington como parte de su estrategia contra la corrupción y el narcotráfico
La administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció la revocación o restricción de visas para 27 funcionarios, exfuncionarios y otras personas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, así como medidas que alcanzan a familiares directos de algunos de los afectados.
El Departamento de Estado justificó las acciones con acusaciones de corrupción, vínculos con el narcotráfico y actuaciones que, según Washington, habrían debilitado gobiernos elegidos democráticamente. La medida forma parte de la estrategia denominada “Escudo de las Américas”, impulsada por la administración Trump para reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y otras amenazas relacionadas con el crimen organizado.
Entre los principales afectados figura el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca. Según el Departamento de Estado, Mariaca habría utilizado su posición para solicitar y aceptar sobornos con el propósito de facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y también habría contribuido a que personas vinculadas con delitos violentos evitaran enfrentar la justicia. Estas son acusaciones formuladas por el Gobierno estadounidense como fundamento de la restricción.
Bolivia concentra la mayor cantidad de personas señaladas dentro de la medida. La lista publicada por Estados Unidos incluye a funcionarios y exfuncionarios del sistema judicial, fiscales y otras personas vinculadas a instituciones públicas. Entre ellos figuran también el exministro de Justicia Iván Manolo Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.
En Colombia, las restricciones alcanzan al empresario Euclides Antonio Torres Romero y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú. En Perú, la medida afecta al juez constitucional Juan Carlos Núñez Matos, mientras que en Ecuador fueron incluidos dos ciudadanos cuyos nombres no fueron divulgados por las autoridades estadounidenses.
Las restricciones no se limitan necesariamente a personas que actualmente poseen una visa estadounidense. De acuerdo con la información divulgada por el Departamento de Estado, algunas de las personas incluidas quedan impedidas de obtener una visa en el futuro, mientras que en otros casos se revocaron permisos de viaje existentes. Las medidas también pueden extenderse a familiares directos.
El Gobierno estadounidense señaló que las acciones buscan cumplir compromisos relacionados con la defensa de la gobernabilidad democrática frente a la corrupción y el narcotráfico. Washington también sostiene que determinadas personas afectadas habrían interferido con los esfuerzos de gobiernos aliados para combatir el crimen organizado.
La decisión se produce después de una intensificación de la cooperación de Estados Unidos con varios gobiernos latinoamericanos en materia de seguridad. El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Colombia, Ecuador y Perú durante septiembre y expresó el respaldo de Washington a los esfuerzos de esos países para combatir el narcotráfico y la trata de personas.
Los gobiernos de los países involucrados han mantenido posiciones distintas respecto a las personas afectadas, pero algunos de sus líderes han señalado previamente que determinados funcionarios, jueces u otras figuras obstaculizaban sus esfuerzos para enfrentar el crimen.
La revocación de visas constituye una herramienta de política exterior utilizada por Estados Unidos para restringir el ingreso de determinadas personas al país. En este caso, la administración Trump la está utilizando como parte de una estrategia más amplia que vincula la lucha contra la corrupción con la seguridad regional y el combate al narcotráfico.
La medida abre además un nuevo capítulo en la relación de Washington con las instituciones judiciales y políticas de varios países latinoamericanos, especialmente en un momento en que Estados Unidos busca fortalecer alianzas regionales alrededor de sus políticas de seguridad.